Así lo explicó el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde manifestó que el objetivo es aumentar el número de personas que pueden acceder a los planes de empleo “y, además, hacerlo en condiciones de certidumbre, seguridad y con una gobernanza muy precisa”.

Según Escrivá, se va a poder ofrecer un coste más “reducido” y podrán beneficiarse rentas “bajas y medias”.

Este proyecto de ley constituye uno de los hitos del Componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Gobierno se comprometió a cumplir en el primer semestre de 2022, y responde a la Recomendación 16 del Pacto de Toledo.

Además, simplifica los procedimientos para crear planes de empleo, que tienen normalmente unos costes de gestión más bajos, según Escrivá.

El ministro calificó de “intenso” y “fructífero” el proceso de diálogo con diferentes sectores de la sociedad y eso ha permitido “mejorar” algunos aspectos del texto. De esta forma, indicó que entre la primera y la segunda vuelta, se han incluido diversas aportaciones procedentes de la audiencia pública, el diálogo social y los órganos consultivos.

En concreto, el proyecto de ley ha incorporado incentivos fiscales para impulsar los planes de pensiones colectivos, en línea con la recomendación 16 del Pacto de Toledo y con las recomendaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

El Ministerio de Seguridad Social destaca que en los Presupuestos Generales del Estado de 2022 se continúa el proceso de diferenciación de la fiscalidad entre planes individuales y colectivos, estableciendo un límite en la deducción de la base imponible de 1.500 euros y de 10.500 euros, respectivamente. Con ello, se continúa con el proceso de traslación de los beneficios fiscales a las rentas medias y bajas.

Asimismo, el proyecto de ley establece una mejora en la deducción del IRPF para los autónomos. En concreto, este colectivo tendrá derecho una deducción de 5.750 euros al año, más del triple de la vigente actualmente.

Al margen de ello, el proyecto de ley también incorpora incentivos para las empresas, de forma que las contribuciones empresariales al plan de pensiones no cotizarán a la Seguridad Social, con un límite de 115 euros al mes por trabajador (1.380 euros al año), lo que supone un ahorro de casi 400 euros por trabajador.

También se han establecido incentivos para el trabajador, que podrá aportar más de lo que lo hace la empresa con unos límites que se establecen en función de la contribución empresarial.

En cuanto a las previsiones de la acogida que tendrán estos planes de pensiones, Escrivá aseguró en anteriores intervenciones que espera que se incorporen al nuevo fondo de aquí a 2030 unos diez millones de autónomos y asalariados españoles.