La Ley de Memoria Democrática, desde su aprobación por el Gobierno hace casi ya un año el 20 de julio de 2021, ha estado envuelta en polémicas partidistas -como las dudas por la situación en que quedada la Ley de Amnistía- hasta que la semana pasada fue aprobada la ponencia con 19 votos a favor, 15 en contra y 2 abstenciones (ERC y Junts) por la Comisión Constitucional.

En el Ejecutivo creen que mañana la ley recibirá la mayoría suficiente para su aprobación, pese a que ERC se mantendrá en la abstención, porque contará con el apoyo de los partidos de izquierda como PSOE y Unidas Podemos, además de EH Bildu y PNV, entre otros, frente al rechazo de PP, Vox y Ciudadanos.

En el último momento, se introdujeron varias enmiendas pactadas por el PSOE con otros partidos, como que el Gobierno se compromete a aprobar en el plazo de seis meses tras la aprobación de la norma un Reglamento para desarrollar el procedimiento de restitución a los partidos políticos de los bienes y derechos que les arrebató el franquismo.

Si bien, el pacto con EH Bildu a una iniciativa de PSOE y Unidas Podemos derivó en críticas desde la oposición que lleva varios días acusando al Gobierno de pactar con terroristas por un punto que se sumó a la norma a través de la disposición adicional decimosexta.

Dicho apunte dice que “el Gobierno, en el plazo de un año, designará una comisión técnica que elabore un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983, que señale posibles vías de reconocimiento y reparación a las mismas”.

Tras las interpretaciones, auspiciadas por declaraciones de Bildu sosteniendo que de ese modo se extenderá hasta finales de 1983 el tiempo en que alguien puede reclamar la condición de víctima de la Transición, lo cual abarca los primeros asesinatos de los GAL, el Gobierno tuvo que aclarar que el “periodo de aplicación” de la ley llega hasta 1978, por lo que no habrá investigaciones judiciales relativas a sucesos posteriores a ese año.

Fuentes del Ejecutivo insisten a Servimedia que, pese a esa disposición, “no hay ninguna aplicación ulterior” salvo ese grupo “de estudio” que analizará los casos que se presenten de algunos luchadores por la libertad, trabajadores por la democracia y, si lo considera, propondrá que algunos sean compensados o reconocidos de alguna manera. Pero, remarcan en el Gobierno, en ningún caso se abre la puerta a posibles procedimientos judiciales porque la función de la Fiscalía concluye en 1978 en el marco temporal que fija la ley.

Con la ley que previsiblemente aprobará el Congreso, el Gobierno reivindica la Ley de Amnistía como un factor clave y relevante en el proceso de la transición democrática en España y, por tanto, garantiza derechos y libertades.

Aseguran desde el Ejecutivo que cualquier interpretación de la Ley de Amnistía tiene que cumplir con el artículo 10 de la Constitución, que recoge que “las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”.

VALLE DE CUELGAMUROS

Tras la exhumación del dictador Francisco Franco, la Ley de Memoria Democrática recoge la resignificación del Valle de los Caídos por el de Cuelgamuros y, según indicó el Ejecutivo, está todo preparado para, en cuanto el Ayuntamiento de El Escorial lo permita, entrar y proceder con las exhumaciones y el reconocimiento de las miles de personas allí enterradas.

Además, como la ley establece que no puede haber ningún cadáver en lugar jerárquico preminente en el Valle, en cuanto la norma se apruebe se iniciará el procedimiento para el trasladado de José Antonio Primo de Rivera a donde se acuerde con la familia o a una de las criptas del enclave.

DÍA DE LAS VÍCTIMAS

Además, la ley instaura el 31 de octubre, fecha de la aprobación en Cortes de la Constitución española en 1978, como el día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas. Y se declara el 8 de mayo, fecha de la victoria europea sobre el fascismo y el nazismo, como día de recuerdo y homenaje a las víctimas del exilio como consecuencia de la Guerra Civil y la Dictadura.

Entre las principales acciones de la norma según las asociaciones memorialistas, está que se asuma que la búsqueda de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la Dictadura corresponderá a la Administración General del Estado, sin perjuicio de las competencias de otras administraciones públicas.

Además, se refuerza la colaboración entre las administraciones y los colectivos y se lidera una acción de dignificación colectiva que incluye medidas como el impulso al mapa de fosas, el protocolo de exhumaciones y régimen de autorizaciones. Asimismo se crea el Banco Nacional de ADN de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura.