Pérez Rey hizo estas declaraciones tras presidir la última reunión de esta mesa de diálogo, recordando que más de 800 personas pierden la vida al año como consecuencia de accidentes laborales o enfermedades profesionales, por lo que dejó claro que “esto no es un juego”.

La norma vigente tiene tres décadas de vida y no recoge cuestiones como las enfermedades derivadas de problemas de salud mental o todas los riesgos derivados de las nuevas tecnologías, por lo que se constituyó esta mesa de negociación.

Pese a llevar casi 20 meses de encuentros, Pérez Rey censuró que la patronal haya dicho que “hay que empezar a negociar”, que no se traten temas de cambio climático, “como si no mueran personas todos los veranos afectadas por golpes de calor” y que no se sabe en qué “van a consistir los riesgos del futuro” y, en consecuencia, “es necesario esperar” a esos “riesgos emergentes”. Asimismo, aseguró que CEOE ha pedido que no se cierre la mesa hasta pactar incluso los reglamentos posteriores que desarrollarán la nueva ley.

“Yo solo puedo alcanzar una conclusión: la patronal española hoy, decepcionando profundamente al diálogo social, lo que nos ha querido decir es que quiere seguir negociando esperando a ver si cae el Gobierno. De otra manera no se puede entender”, cargó.

A su juicio, lo que busca la patronal es “postergar” una reforma para que el Ejecutivo no la lleve adelante, pese a que hay que dar “una respuesta” a las personas que mueren cada día por ir a trabajar. “El Gobierno no amenaza con seguir gobernando. El Gobierno es que tiene que gobernar”, apuntaló el ‘número dos’ de Yolanda Díaz en trabajo, quien se mostró decidido a “seguir adelante” con CCOO y UGT.

En todo caso, Pérez Rey aclaró que “no empezamos de nuevo”, pues en estos casi 20 meses hay ya mucho avanzado, si bien incidió en que no se puede conseguir esta “burla al diálogo social”.

Desde los sindicatos, CCOO lamentó que se haya tenido que “romper la mesa” y lo atribuyó a que en la CEOE “cuestionan prácticamente todo el trabajo realizado y plantean que el consenso al que habíamos llegado es un buen borrador para empezar a trabajar”.

“Nuestra impresión es que la CEOE no tiene margen de maniobra, ya que será necesario comprometerse a invertir más recursos en nuevas evaluaciones de riesgo, de riesgo psicosocial o nuevos protocolos para los fenómenos climáticos extremos”, sospechó CCOO.

Dada esta situación, exigió al Gobierno reunirse próximamente para que se ofrezca una alternativa para seguir adelante con la ley o establecer las modificaciones normativas vía reales decretos suficientes para intentar modificar aspectos estructurales.

En la misma línea, la secretaria de Salud Laboral de UGT, Patricia Ruiz, dijo sentir “una profunda tristeza”, porque no se habla de contratos o de salario mínimo, sino de la vida de los empleados. En su opinión, “no es posible” que se siga sin conseguir el objetivo de la ley de riesgos laborales de hace 30 años. Destacó también que no se recogen riesgos con perspectiva de género en la ley vigente, así como temas de cambio climático, daños psicosociales y nuevas tecnologías.

“Con medidas preventivas podrían evitarse muchas de las bajas que se producen”, prosiguió Ruiz, quien comentó que “no se puede mirar hacia otro lado durante más tiempo”, pues en lo que va de año hay ya centenares de fallecimientos por causas laborales.

Igualmente, calificó de “inasumible” que siga habiendo más riesgo de perder la vida si se trabaja en pymes que en grandes empresas. “No se puede permitir este país más muertes evitables”, aseveró Ruiz, quien reprobó que el 36% de las muertes se produjeran sin que hubiera antes una evaluación de riesgos.

AUSENCIA DE UN TEXTO

Por su parte, CEOE y Cepyme acusaron a Trabajo de haberse “levantado de la mesa” para legislar solo con los sindicatos y explicaron que para la patronal era “clave” esta reforma legal. Señalaron ambas organizaciones que se han celebrado 12 encuentros, sin haberse alcanzado un consenso, por la “falta de negociación debido a la ausencia de un texto completo” desde el Ministerio.

Para las patronales, en las últimas semanas, el proceso se ha acelerado con la presentación pública, por parte de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que lidera la negociación, de “un ultimátum y la amenaza de aprobar desarrollos reglamentarios sin ser sometidos a debate ni trámite parlamentario, vulnerando así los principios esenciales de un diálogo social real”.

En paralelo, denunció que se ha desarrollado una campaña que deteriora la imagen empresarial, acusando “falsamente a las organizaciones empresariales de bloquear el diálogo social”. En resumen, alertaron de que se ha impedido una “negociación real”, se ha limitado la consulta con las organizaciones empresariales “y se nos ha culpado del desenlace de una mesa” que es “esencial para el presente y futuro” del trabajo en España.

Para la parte empresarial, la posición de Trabajo se debe a una “actitud que parece que responde más a intereses políticos que a la protección de la salud laboral”, por lo que urgió a retomar un “diálogo social real y efectivo” y a “descartar la vía de la imposición de medidas sólo pactadas con los sindicatos, que perjudicarán tanto a empresas como a trabajadores”.