Así lo precisaron durante su intervención en el diálogo sobre el 'Marco normativo y de política pública en el empleo público de las personas con discapacidad', que se celebró en el marco de unas jornadas sobre ‘Inclusión y discapacidad en el empleo público’, organizadas por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública con la colaboración del Ministerio de Derechos Sociales a través del Real Patronato sobre Discapacidad.

En su alocución en dicho diálogo, presentado y moderado por el redactor jefe de economía de Servimedia, David Martínez Menayo, la directora general de la Función Pública avanzó la intención del Gobierno de dar un “impulso a la vuelta del verano” al nuevo real decreto anunciado por el ministro de Transformación Digital y para la Función Pública, Óscar López, en el mismo foro y que servirá para mejorar el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.

El ministro confirmó que saldrá a audiencia pública “próximamente” y, en la misma línea, la responsable de Función Pública explicó que, con este texto, lo que hace el Ejecutivo es “dar un paso más” en la incorporación de las personas con discapacidad al empleo público, incluyendo su acceso a los procesos selectivos y su participación en tribunales de calificación.

Jiménez reconoció que, en “determinadas áreas” de la administración, las personas con discapacidad “son visibles o se espera que estén”, pero advirtió de que “la administración española se tiene que parecer a España” e “incluir a las personas con discapacidad” también en los cuerpos superiores del funcionariado para que las políticas públicas se “ajusten más” a las “necesidades” del país.

"LES NECESITAMOS"

“Realmente, les necesitamos”, admitió, en referencia a los empleados públicos con discapacidad en cuerpos superiores, por lo que quiso “animarles” a acceder a esas plazas, así como a los tribunales de oposición.

Esto último es algo que juzgó “muy importante” al entender que “rompe sesgos cognitivos y actitudinales del propio tribunal”, razón por la cual se ofrecerá una formación “específica” en materia de discapacidad a sus miembros.

Por su parte, Martín Blanco apuntó que, con este tipo de normas, el Gobierno trata de “ofrecer certezas” a las personas con discapacidad “llevando al BOE” sus derechos y pidió una reforma para “no expulsar” a los talentos con discapacidad del empleo público.

Asimismo, coincidió con Jiménez en que “la administración se tiene que parecer lo más posible a la sociedad” y señaló que ambos departamentos están “trabajando” para que los tribunales dispongan de “todas las instrucciones” que ayuden al opositor con discapacidad a “sentirse seguro” y contar con los “apoyos necesarios” para afrontar el proceso.

LLENAR LA ADMINISTRACIÓN

“Queremos llenar la administración pública de administrativos, interventores y abogados del Estado con discapacidad si concurren los méritos”, aseveró, convencido de que, además de garantizar que compitan “en igualdad de condiciones, había que dar un paso más y aprobar con nota esta asignatura pendiente”.

En el mismo sentido, recordó que a las personas con discapacidad ya no les vale “ese mantra de que queda mucho por hacer”, sino que exigen “determinación y acción de Gobierno” y defendió que “eso es en lo que está el Gobierno, trabajando para llevar los derechos al BOE”.

A este respecto, ve “clave” las medidas auspiciadas por el Ejecutivo para que las personas con discapacidad “se sientan parte de la Administración General del Estado”.

Para lograrlo, el Gobierno también ha puesto en marcha 22 unidades de inclusión, una por cada uno de los ministerios, que Martín Blanco adelantó que “no van a ser café para todos, sino trajes a medida” de las personas con discapacidad.