Dicha propuesta establece que los países con más nivel de deuda podrán realizar un ajuste fiscal durante un plazo de cuatro años, que será de tres en aquellos Estados con deuda media. Para los países con menos deuda no fija obligaciones de ajuste. En el caso de los primeros, eso sí, señala que se podrá ampliar el plazo hasta siete años.

También recoge una ‘cláusula de escape’ para situaciones extraordinarias, en línea con lo sucedido durante la pandemia o para afrontar las consecuencias de la guerra en Ucrania.

Mientras, se mantiene que el proceso de déficit excesivo se activará cuando un Estado supere el 3% del Producto Interior Bruto (PIB), mientras que se sigue apuntando como objetivo que la deuda no sea superior al 60% del PIB. Igualmente, se reducen las cuantías de las sanciones, de modo que sea factible afrontarlas, si bien se aumentan los motivos por los que estas pueden aplicarse.

Para el departamento dirigido por Nadia Calviño, “la propuesta presentada por la Comisión Europea es una buena base de trabajo” y es “equilibrada, inspirada en el papel hispano-holandés”.

“España va a impulsar un avance rápido, trabajando de forma constructiva con el resto de Estados Miembros”, añadió el Ministerio, que apuntó también que, a pesar de que la cláusula general de escape seguirá vigente durante el próximo año, “necesitamos tener claridad y seguridad jurídica cuanto antes”.

Finalmente, Economía dijo que no descarta que el acuerdo sobre el texto legal llegue bajo la Presidencia española de la Unión Europea, es decir, durante el segundo semestre de 2023.