El Ejecutivo presentó este martes un documento a la Mesa del Congreso, al que ha tenido acceso Servimedia, en el que traslada su criterio respecto de las modificaciones legislativas incorporadas en la Cámara Alta durante el trámite parlamentario de las nuevas leyes de discapacidad y dependencia.

La consecuencia es que el orden del día excluirá varias de las mejoras para las personas con discapacidad y dependencia que ya estaban aprobadas por el Senado y ni siquiera se someterán a debate y votación en el Pleno del Congreso, algunas de las cuales tenían posibilidades de prosperar al contar con el apoyo de PP y Junts.

El Gobierno de coalición justifica su veto en el incremento presupuestario de más de 772 millones que implicaría, a su juicio, la incorporación de dichas enmiendas al texto final, que será aprobado este miércoles por el Pleno de la Cámara Baja.

Las enmiendas se refieren, en primer lugar, a la extensión al ámbito tributario de la asimilación de las personas en situación de dependencia que pasarán a tener la consideración de personas con discapacidad, en el mínimo del 33% para las de grado I de dependencia y al 65% las de grado II y III de dependencia, con los descuentos fiscales correspondientes en el impuesto sobre la renta.

El Gobierno calcula que hay unas 97.000 persona con dependencia reconocida pero que no se aplican el mínimo por discapacidad y que, si lo hicieran todas, el coste de la medida sería de 58,2 millones.

APORTACIÓN ESTATAL

Junto a ello, también se han vetado enmiendas relativas a la aportación de la Administración General del Estado al sistema de dependencia, copago, servicios financiables y régimen de atención del grado III+ e IVA reducido, entre otras.

Por lo que respecta a la aportación al sistema de dependencia de la Administración General del Estado, la enmienda del PP pretendía que la asignación del nivel mínimo a las autonomías se realice considerando el número de beneficiarios, el grado de dependencia, los servicios y prestaciones reconocidos y el coste de los mismos y que la aportación de la AGE en concepto de nivel mínimo se actualice anualmente, entre otras cuestiones.

En cuanto a la aplicación de un tipo reducido del 4% a los servicios de reparación de los vehículos y sillas de ruedas y los servicios de adaptación de los auto taxis y auto turismos para personas con discapacidad así como las ejecuciones de obras, establecimiento de nuevos servicios comunes y actuaciones realizadas en edificios para garantizar la accesibilidad universal, el Ejecutivo calcula que la aprobación de esta enmienda supondría una pérdida no prevista en el presupuesto vigente de 321 millones.

Por todo ello, el Ejecutivo considera que la aprobación de estas enmiendas, incorporadas al texto del proyecto de ley por el Senado “es susceptible de producir en los Presupuestos Generales del Estado un incremento de los créditos o una disminución de los ingresos presupuestarios”, razón por la cual el Gobierno no da su “conformidad” para su tramitación en el Congreso.

En el caso de Junts, el Gobierno rechaza su enmienda transaccional junto a Coalición Canaria, Agrupación Herreña Independente y BNG para que los beneficiarios de las prestaciones de dependencia con reconocimiento de grado III+ no estén sujetos a copago, dada la intensidad, continuidad y carácter “esencial” de las atenciones requeridas por su situación de dependencia extrema.

Según los cálculos del Gobierno, considerando una población estimada de 2.000 perceptoras de esta prestación una vez completado el despliegue de la medida, la eliminación del copago supondría un coste adicional anual aproximado de 66,4 millones.

Dado que la financiación estatal cubre el 50% del gasto certificado por las autonomías, el impacto presupuestario para la AGE se situaría en torno a 33,2 millones anuales.

A su vez, la enmienda de los mismos grupos sobre las personas con ELA para ampliar los servicios financiables y modificar el régimen de atención del grado III+ ampliando el uso de la prestación vinculada al servicio para cualquiera del catálogo del Sistema de Atención a la Dependencia, incluida la prestación para cuidados en el entorno familiar, de aprobarse la modificación llevaría a aumentar la partida en 48,7 millones.

Entre otras iniciativas, también se ha vetado la aplicación de unos tipos impositivos reducidos a los productos para la autonomía personal, la vida independiente, la accesibilidad universal, la comunicación, la movilidad, la orientación, el acceso a la información y la participación en la comunidad destinados a personas con discapacidad y dependientes, así como los servicios de adaptación, instalación, configuración, mantenimiento, reparación, actualización, entrenamiento en el uso y puesta a disposición de dichos bienes, el impacto presupuestario sería de 144 millones.

Este movimiento podría abocar a un nuevo conflicto institucional entre el Congreso y el Senado. Este escenario ya se ha producido con otras leyes, como la de desperdicio alimentario o la de movilidad sostenible, en las que la Cámara Baja ha aceptado vetos presupuestarios del Ejecutivo a enmiendas que introdujo la Cámara Alta. El Senado considera que estos movimientos son inconstitucionales y, por eso, es probable que el asunto recaiga en el Tribunal Constitucional.