En auto hecho público el viernes, Garzón argumenta que durante la instrucción del "caso Oñaederra", y como consecuencia de la desclasificación de los papeles del CESID, así como de la declaración de algunas personas, como Ricardo García Damborenea, han aparecido "nuevos datos" que, "directao indirectamente", están referidos a Felipe González.

En concreto, Garzón se refiere al documento titulado "Acciones en Francia" (6 de julio de 1983), donde se plantea la lucha armada contra ETA y se analizan los pros y contras de la misma; así como que se refiere a acciones que realizará el GAL en el sur de Francia (28 de septiembre de 1983).

La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera que las declaraciones de Eduardo García Damborenea no pueden servir como "elemento incriminatorio" contra elex presidente, y recuerda que el Tribunal Supremo ya las tachó en su día, durante el procedimiento por el secuestro de Segundo Marey, de "afirmaciones -en clave política- carentes de corroboración objetiva".

Además, insiste en que las declaraciones prestadas por Juan Alberto Perote, ex agente del CESID, en el "caso Oñaederra" "merecen el calificativo de espurias, al no quedar comprobadas por diligencias judiciales posteriores".

Asimismo, añade que el magistrado instructor del "caso Marey" en el Tibunal Supremo tampoco consideró los documentos desclasificados del Cesid "como indicios suficientes" para imputar a González.

Según la Fiscalía de la Audiencia Nacional, los documentos desclasificados del Cesid en los que se basa la petición de Garzón para que el Supremo estudie si cabe imputar a González en los GAL "son incidentales y no vienen a demostrar ningún indicio de criminalidad contra el ex presidente del Gobierno".

NO INDICIO DE CULPABILIDAD

Tras afirmar que no existen "indicios funados de culpabilidad" contra González, recuerda que "en todo procedimiento penal es preciso buscar la certeza de las pruebas y dejar de lado todo lo que sean sospechas, conjeturas u opiniones".

Por último, la Fiscalía estima que "se puede apreciar la prescripción respecto al delito de pertenencia o colaboración con banda armada", dado que los hechos del "caso Oñaederra" se produjeron a mediados de 1983 y, por tanto, han transcurrido más de 10 años.

Garzón investiga en el "caso Oñaederra" el asesiato de los presuntos etarras Ramón Oñaederra (21 de diciembre de 1983), Angel Gurmino y Vicente Perurena (8 de febrero de 1984), así como el envío de cartas-bomba a personas del entorno de ETA y HB.