El Ministerio para el Desarrollo Internacional financiará dicho departamento, que estará formado por 15 miembros especializados en esta materia. Al frente del mismo estará el actual responsable de la división para la lucha contra los delitos económicos de la ciudad de Londres, según informa el diario "The Guardian".

Hugh Bailey, diputado laborista que preside el grupo parlamentario mixto para Africa, ha expresado su satisfacción con la respuesta del Ejecutivo al informe elaborado por este grupo, en el que solicitaba una acción urgente con respecto a este problema.

En 2002 diversas organizaciones internacionales presionaron a Gran Bretaña para que tipificara como delito las transacciones corruptas de las empresas británicas que operaban en el extranjero, pero hasta el momento no se ha emprendido ningún proceso por esta causa en el país.

Los ministerios de Industria y Defensa se han mostrado reacios a cooperar con las medidas anticorrupción, y la Agencia de Créditos a la Exportación relajó su normativa en este ámbito debido a la presión del sector armamentístico, aunque recientemente ha anunciado que las empresas que no demuestren la transparencia de sus transacciones en países en vías de desarrollo podrán perder las ayudas estatales.

La Oficina para la Lucha contra el Fraude ha tenido que investigar hasta ahora este tipo de casos sin presupuesto adicional. Este órgano, que seguirá manteniendo una base de datos de denuncias por corrupción, ha acogido con satisfacción la creación del nuevo departamento.

Por su parte, la ONG Transparency International, dedicada a la lucha contra la corrupción, se ha mostrado cautelosa, "Aparentemente, esto representa un paso adelante. Sin embargo, las empresas constructoras y de armamento siguen recibiendo protección política", manifestó su presidente, Laurence Cockcroft.