Así lo sostuvo Serrano en la comisión de investigación de la interrupción del suministro eléctrico de la Cámara Baja, donde afirmó que “el apagón del 28 de abril no fue consecuencia de un único incidente aislado ni de una actuación puntual de un agente concreto. Fue el resultado de un problema sistémico de control de tensión que se venía manifestando desde meses antes y que terminó desencadenando un colapso generalizado del sistema”.

A este respecto, sobre la actuación de Red Eléctrica, señaló que programó una escasa generación síncrona a pesar de que “se habían anticipado condiciones operativas que requerían una gestión especialmente prudente”.

“Sin embargo, el operador del sistema decidió operar con el nivel más bajo de generación síncrona del año. Es decir, optó por operar con márgenes de seguridad reducidos, lo que incrementó la vulnerabilidad del sistema y limitó su capacidad de respuesta ante perturbaciones, contribuyendo a la situación de fragilidad”, añadió.

En esta línea, en relación con las oscilaciones de frecuencia, defendió que “los distintos incidentes que se produjeron durante la mañana fueron relevantes, pero por sí solos no explican la magnitud del colapso. Lo que convierte esos incidentes en un apagón generalizado es la existencia previa de una situación de fragilidad estructural que limitó la capacidad del sistema para absorber perturbaciones y recuperar la estabilidad”.

De hecho, según Serrano, el apagón del 28 de abril de 2025 no se produjo en un contexto de normalidad operativa absoluta ya que, desde primeras horas de la mañana del incidente, aproximadamente desde las 09:00, se registraron variaciones bruscas y repetidas de tensión, que fueron puestas en conocimiento del Operador del Sistema. “La relevancia de estas señales no radica únicamente en su intensidad, sino en que se producían en un sistema que ya venía mostrando síntomas de vulnerabilidad desde tiempo atrás”, reiteró.

En concreto, indicó que, durante los días, semanas e incluso meses previos al apagón se registraron diversos episodios de inestabilidad de tensión que provocaron consecuencias operativas relevantes, incluyendo desconexiones de instalaciones de generación y de grandes consumidores industriales como Adif o Repsol.

Además, apuntó como uno de los factores agravantes que España sea el único país de Europa que opera de forma normal redes de 400 kilovatios (kV) con un límite de tensión de hasta 435 kV, lo que deja un margen operativo de apenas 5 kV frente a la actuación de las protecciones.

“Este margen excepcionalmente reducido incrementa el riesgo sistémico y no resulta coherente con la normativa de seguridad industrial, como ha puesto de manifiesto recientemente la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)”, prosiguió.

Por último, sobre la responsabilidad de Red Eléctrica, recordó que “la legislación atribuye al Operador del Sistema la responsabilidad exclusiva de garantizar la seguridad y continuidad del suministro” y que además “es el único que dispone de una visión integral y de todas las herramientas necesarias para hacerlo”.

“La evidencia posterior demuestra que ese día era posible operar el sistema de forma más segura. No fue una cuestión de disponibilidad de recursos, sino de la forma en que estos fueron programados y gestionados para preservar la estabilidad del sistema”, concluyó.