El próximo 25 de abril se cumplen 25 años de uno de los peores desastres medioambientales de la historia de España, cuando la rotura de la balsa minera de Aznalcóllar desencadenó el vertido de lodos tóxicos al Parque Nacional de Doñana.

Por ello, Greenpeace ha publicado un informe en el que repasa esa catástrofe y denuncia la “alta probabilidad” de que un incidente similar pueda ocurrir en las balsas de Minas de Riotinto. Además, esta organización ecologista ha documentado ambas zonas, incluidas las filtraciones en las balsas de lodos mineros de Riotinto, que gestiona la empresa Atalaya Mining.

En Aznalcóllar, la empresa multinacional sueca que gestionaba la mina (Boliden) confirmó la seguridad de la balsa donde apenas cinco días después se produjo la rotura. Se trataba del dique este de la balsa de la mina de los Frailes. La brecha, de 50 metros de longitud por 30 de altura, permitió el vertido de más de seis millones de metros cúbicos de lodos y aguas tóxicas al río Guadiamar, lo que puso en riesgo el ecosistema de Doñana y desestabilizó el desarrollo de la economía agrícola y pesquera de la vega del Guadiamar y del estuario del Guadalquivir.

En total, hubo 80 kilómetros de cauces afectados; 4.600 hectáreas envenenadas en 10 municipios; caladeros de pesca cerrados por contaminación de cadmio, zinc, cobre y arsénico; siete millones metros cúbicos de lodos retirados; más de 30 toneladas de animales muertos; acuíferos altamente contaminados; récord mundial de concentración de metales pesados en aves acuáticas; unas 5.000 personas perdieron sus empleos; 46.200 habitantes se vieron afectados, y las pérdidas económicas alcanzaron casi los 11 millones de euros.

“25 años después, no parece que se hayan aprendido las consecuencias de la mala gestión de las balsas mineras. A día de hoy, las balsas de las minas de Riotinto, los mayores depósitos de estériles mineros de España, se encuentran rodeadas de irregularidades que podrían ocasionar un desastre 10 veces superior al de Aznalcóllar”, según Greenpeace.

“ACTUACIÓN NEGLIGENTE”

El denominador común es, según la organización ecologista, “la actuación negligente de las administraciones, especialmente en este caso, de la Junta de Andalucía, que, por acción u omisión, consintió en Aznalcóllar y permite ahora en Riotinto irregularidades que provocan este tipo de accidentes que dejan secuelas durante décadas”.

“La de Aznalcóllar fue una catástrofe anunciada, con múltiples denuncias previas de los grupos ecologistas locales y técnicos de la propia empresa minera, Boliden Apirsa, pero tanto la empresa como las administraciones y la justicia ignoraron o archivaron todas las denuncias”, añadió.

Dos décadas y media después del vertido, el laberinto judicial del caso sigue a la espera de un juicio que obligue a los responsables a asumir el coste de la catástrofe. Boliden sigue eludiendo pagar a las administraciones central y autonómica los 133 millones de euros reclamados, según Greenpeace. Hay pendientes dos resoluciones judiciales.

El desastre de Aznalcóllar podría quedar empequeñecido si, como advierten expertos y el Instituto Geológico y Minero de España, las balsas de estériles mineros de Riotinto en Huelva (Gossan, Cobre y Aguzadera) colapsaran.

La empresa Atalaya Mining, con el visto bueno de la Junta de Andalucía, pretende realizar un nuevo recrecimiento de las presas de residuos mineros (hasta una cota de 417 metros sobre el nivel del mar), con lo que se crearían los mayores depósitos de estériles mineros de España.

Gossan, Cobre y Aguzadera son un único conjunto que ocupa 595 hectáreas, con hasta 100 metros de profundidad y que acumulan unos 240 millones de toneladas de lodos tóxicos. Con la pretendida ampliación por parte de la empresa, alcanzarían los 400 millones de toneladas, es decir, 30 veces el volumen de tóxicos vertidos en el desastre de Aznalcóllar.

“La situación de riesgo de rotura de las balsas es más que una posibilidad debido a la práctica de la compañía minera Atalaya de no espesar previamente los lodos que se vierten en las balsas, lo que acelera la posibilidad de que los muros de las presas se fracturen. Y ello a pesar de que existe una resolución que obliga a la compañía a espesar los lodos de forma obligatoria y cuyo incumplimiento puede dar lugar a la revocación del permiso”, indicó Greenpeace.

“NUMEROSAS FILTRACIONES”

Además, esta ONG ha documentado “numerosas filtraciones” en las balsas de lodos mineros de Riotinto, alguna de ellas con conocimiento de Atalaya Mining, donde advierte con carteles del peligro tóxico de la zona.

“La Junta de Andalucía conoce, y lamentablemente permite, todos estos incumplimientos en Riotinto. Estamos ante una situación que calca los precedentes de la catástrofe de Aznalcóllar. Irregularidades, incumplimientos de las condiciones de explotación que ponen en riesgo la seguridad, denuncias de organizaciones ecologistas que son ignoradas… Desespera saber lo que pasó hace 25 años y ver que puede llegar la siguiente catástrofe cualquier día”, recalcó María José Caballero, portavoz de Greenpeace.

La rotura de estas balsas provocaría, según un informe realizado por la compañía Ayesa en 2014, un vertido de lodos tóxicos (con un caudal máximo de 34.716 metros cúbicos por segundo) que recorrería 111 kilómetros hasta llegar al mar Atlántico. A su paso, afectaría gravemente a tres municipios de la cuenca del río Odiel (Gibraleón, Palos de la Frontera y Punta Umbría) y llegaría incluso a alcanzar dos barrios de la ciudad de Huelva (de 143.000 habitantes), al tiempo que arrasaría la reserva de la biosfera de las Marismas del Odiel.