La nueva sociedad contará con la participación mayoritaria del Estado, a través de Minas de Almadén y Arrayanes S.A. (MAYASA), y de la emresa norteamericana Waste Management Incorporation (WMI), "ambas conocidas internacionalmente por sus constantes agresiones al medio ambiente", según consta en un comunicado de la asociación.

Fuentes gubernamentales señalaron que la planta tratará de paliar una necesidad que tiene planteada la industria española, que carece de sistemas adecuados para la eliminación de los residuos tóxicos.

Aseguraron además que la planta, que tratará cerca de 47.000 toneladas anuales de desechos, irá provista de istemas que garantizan unos niveles de emisión de contaminantes a la atmósfera inferior a los exigidos por la legislación vigente, y no producirá ningún tipo de efluente líquido.

Greenpeace anunció, no obstante, que mantendrá su oposición a que el valle de Alcudia, lugar donde pretenden edificar la planta proyectada y que ha sido nombrada zona protegida de la CE por su alto valor ecológico, "se convierta en un vertedero tóxico para toda Europa".

Dolores Ramos, portavoz de los ecologistas, subrayóque el secretismo ha sido constantes en todo el proceso de formación del proyecto, "lo que no nos extraña porque tanto WMI, como MAYASA tienen mucho que ocultar".