Este drenaje ácido de aguas color azul turquesa alberga una gran cantidad de metales pesados. Esta situación se ha visto agravada tras el tren de borrascas que azotó el territorio andaluz con especial virulencia durante el pasado febrero.

El próximo 25 de abril se cumplen 28 años de la rotura de la balsa minera de Aznalcóllar, entonces explotada por la empresa Boliden, en lo que fue uno de los mayores desastres ecológicos de España.

Greenpeace avisó de que, con independencia de que esta instalación no esté en fase de explotación, la gestión de los pasivos mineros es responsabilidad de la actual empresa adjudicataria de la mina, el Grupo México.

“Lo más preocupante es que este vertido descontrolado es una cantidad ínfima con respecto a lo que se podría producir en caso de que salgan adelante los proyectos de reapertura de las minas de Aznalcóllar y de Cobre Las Cruces, convirtiendo el Guadalquivir en una verdadera ‘alcantarilla minera’. Es una irresponsabilidad por parte de la Junta que no podemos permitir”, apuntó Luis Berraquero, coordinador de Greenpeace en Andalucía.

DOS PROYECTOS MINEROS

La Junta de Andalucía ha dado luz verde al Grupo México y su filial Los Frailes para la reapertura de la mina de Aznalcóllar, lo que supondría el vertido de 85.520 millones de litros de aguas contaminadas con metales pesados durante más de 18 años a través de una tubería de 30 kilómetros, desde el recinto minero hasta el estuario del Guadalquivir.

Una parte de esas aguas procederían del vaciado de las cortas donde están almacenados los lodos tóxicos del desastre minero de 1998. Ante este “atropello ambiental”, Greenpeace, Ecologistas en Acción, Amigas de la Tierra y SEO/BirdLife han interpuesto un recurso de alzada exigiendo la anulación de la resolución que autoriza el proyecto de explotación minera, la cual tachan de nula de pleno derecho.

A esto se suma la amenaza de la mina de Cobre Las Cruces. Tras operar desde 2009 como explotación a cielo abierto, provocando contaminación ecotóxica en el Guadalquivir, la minera pretende ahora perpetuarse con un proyecto de minería subterránea en galería.

Esta nueva fase contempla un vertido masivo de más de 32.760 millones de litros de agua con metales pesados durante 14 años en su punto de vertido en La Algaba.

“TEMERIDAD INACEPTABLE”

Greenpeace considera “una temeridad inaceptable” que la Junta de Andalucía pretenda avalar esta reapertura basándose en una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) con más de una década de antigüedad, ignorando la correlación directa ya demostrada entre la actividad de esta mina y el incremento de la toxicidad en el estuario.

Además, advirtió de que los dos vertidos dejarían “tocado de muerte” al río Guadalquivir, y que la Junta de Andalucía no está teniendo en cuenta sus efectos sinérgicos.

Ambos afectarían a varios Hábitats de Importancia Comunitaria de la Zona de Especial Conservación Bajo Guadalquivir, integrada en la Red Natura 2000, y añadirían una nueva presión al ya deteriorado Parque Nacional de Doñana.

Estudios científicos llevados a cabo por investigadores de las universidades de Cádiz, Sevilla y Granada han constatado la presencia de plomo por encima de los límites permitidos por la UE en albures, un pescado muy consumido en los pueblos ribereños.

Igualmente, se ha demostrado presencia de arsénico al límite de lo permitido por la UE en galeras, un crustáceo muy popular y que juega un papel importante en la gastronomía y la economía de los pueblos de la desembocadura del Guadalquivir. Estas investigaciones denuncian que, de producirse los vertidos previstos, la contaminación por metales pesados del río Guadalquivir se multiplicaría por 10.

Greenpeace recordó que sería necesario comprobar si están viéndose afectadas otras especies de peces y crustáceos de gran importancia para el turismo y la gastronomía local, como la acedía, el cangrejo rojo, la gamba o los langostinos de la desembocadura del Guadalquivir.

SECTOR AGRARIO

Por otro lado, estos vertidos también podrían poner en peligro al sector agrario: el cultivo de arroz en las marismas del Guadalquivir -el mayor arrozal de España, con una superficie de más de 36.000 hectáreas- se encontraría en grave peligro al estar utilizando agua con una alta cantidad de arsénico, un metal pesado que el arroz bioacumula con facilidad.

Greenpeace denunció que las autorizaciones de vertido concedidas por la Junta de Andalucía ignoran “una realidad científica crítica”: “el río Guadalquivir no funciona como un canal de evacuación hacia el océano, sino como un gigantesco depósito de sustancias tóxicas”.

Varios estudios científicos han avisado de que la dinámica hidrológica del río impide que los metales pesados salgan al mar: la presa de Alcalá del Río actúa como un ‘fondo de saco’, frenando el empuje de las mareas que van estuario arriba y obligando a los sedimentos a decantar, asentándose en el fondo.

A esto se suma el llamado ‘tapón salino’ en la desembocadura, una barrera física natural donde el encuentro del agua dulce con la salada frena la salida de las aguas interiores.

Como resultado, los metales pesados no se diluyen en el Atlántico, sino que se adhieren al material en suspensión, terminando sepultados en los lodos del estuario y pasando así a la red trófica.

“NO MÁS VERTIDOS”

Por todo ello, Greenpeace exigió la paralización inmediata de las autorizaciones y una moratoria a las prospecciones mineras en la zona y reclamó la constitución de un grupo técnico-científico de expertos independientes que evalúe el impacto acumulativo de Aznalcóllar y Cobre Las Cruces.

La organización recordó que los dos proyectos de vertidos mineros se asientan sobre “uno de los mayores desastres ambientales de España”: la rotura de la balsa de Boliden-Apirsa en abril de 1998, que hace 28 años arrasó el corredor del Guadiamar con siete millones de metros cúbicos de lodos tóxicos y aguas ácidas.

El resultado fue lodos tóxicos retirados y almacenados en las cortas mineras, 80 kilómetros del río afectados, 4.600 hectáreas de cultivo envenenadas, caladeros de pesca cerrados por contaminación, 30 toneladas de animales muertos, acuíferos altamente contaminados, unas 5.000 personas sin empleo y 11 millones de euros en pérdidas económicas.

“Debemos aprender de los errores del pasado: animamos a toda la sociedad civil, a los agentes sociales y a los sectores productivos que dependen del buen estado de la biodiversidad del río Guadalquivir a que se movilicen para parar este desastre. No más vertidos mineros al río”, concluyó Berraquero.