El pasado 21 de febrero se celebraron 20 años de la paralización cautelar de las obras de ese hotel. El Consejo de Ministros inició hace algo más de un año los trámites para el derribo de ese hotel al adoptar la declaración pública de los terrenos y bienes situados dentro del dominio público marítimo-terrestre (cerca de un 40% de los terrenos) como paso previo a su expropiación, demolición y recuperación de ese paraje natural.

La medida planteada por Greenpeace sería una fórmula para eludir las “estrategias dilatorias” que el Ayuntamiento de Carboneras lleva desarrollando desde hace cuatro años, según informó este martes la entidad ecologista.

Además, esta fórmula iría en beneficio del principio de economía procesal, puesto que evitaría que la empresa Azata -promotora del complejo- y sus filiales recurrieran la decisión en vía contencioso-administrativa, alargando así la ya situación administrativa y judicial de este caso.

“Si existe alguna fórmula dentro del reglamento jurídico para que podamos avanzar con este caso, rogamos al tribunal que la ponga en marcha. Es inadmisible que una entidad pueda estar más de cuatro años eludiendo cumplir una sentencia del Tribunal Supremo”, según Luis Berraquero, coordinador de Greenpeace en Andalucía.

Berraquero añadió: “La situación de desamparo es total. Por eso animamos al TSJA a que inicie este procedimiento de oficio. La desfachatez del consistorio de Carboneras no conoce límites”.

“ENÉSIMO INCUMPLIMIENTO”

Greenpeace ha recurrido a esta medida tras el “enésimo incumplimiento” del Ayuntamiento de Carboneras, que el pasado diciembre dejó caducar el expediente abierto en el Consejo Consultivo de Andalucía.

El consistorio elevó una solicitud de dictamen a este órgano de apoyo técnico-jurídico al servicio de las Administraciones públicas como paso previo necesario para la revisión de la licencia de obras del hotel del Algarrobico.

En el escrito enviado al Consejo Consultivo, el Ayuntamiento de Carboneras no adjuntó la documentación correcta. Tras más de tres meses de solicitudes, el Consejo Consultivo ha archivado la petición enviada.

“La excusa del Ayuntamiento de Carboneras es, de nuevo, la falta de secretario municipal. Greenpeace considera que se trata de una nueva estratagema para incumplir la sentencia que le obliga a la revisión de la licencia de obras”, según la organización ambiental.

Ante esa “contumaz actitud” del Ayuntamiento y coincidiendo con el reciente 20º aniversario de la paralización de las obras, Greenpeace pidió al TSJA que se denuncie al alcalde de Carboneras por la comisión de un presunto delito de desobediencia.

“Estar mareando la perdiz durante años, con una sentencia firme del Tribunal Supremo que indica bien claro que el Ayuntamiento tenía que revisar la licencia de obras, no puede quedar impune. A Greenpeace, y a gran parte de la sociedad española, nos indigna ver cómo este símbolo del pelotazo urbanístico sigue en pie con excusas vanas y de dudosa veracidad”, concluyó Berraquero.