Así lo concluye una encuesta a 11.000 europeos de entre 25 y 64 años realizada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en colaboración con otras asociaciones como las que forman parte de Euroconsumers, tal y como precisó este jueves la OCU en un comunicado.

La encuesta, realizada en 11 países europeos, señala un “interés creciente” por la inversión en este tipo de productos sostenibles, dado que el 27% de los inversores europeos ya lo han hecho alguna vez en los últimos tres años y otro 41% está “considerando” hacerlo.

En concreto, siete de cada diez consumidores “valoran positivamente” inversiones que ayuden a sectores contaminantes a transitar hacia la sostenibilidad y un 62% desearía poder excluir a empresas que contribuyan al uso de combustibles fósiles.

“Pero no siempre es fácil identificar productos de inversión sostenibles”, afirmó la OCU, al tiempo que indicó que el 55% de los encuestados nunca han recibido una oferta concreta para invertir en algún producto denominado “sostenible”.

Asimismo, no distinguen claramente entre los sostenibles y los convencionales y así lo afirman el 52%.

“Aun así, uno de cada dos consumidores cree que este tipo de productos cumplen con leyes estrictas y piensa que están verificados por supervisores. Dos suposiciones erróneas”, advirtió.

REGLAMENTO

En este contexto, puntualizó que el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR) ha “permitido que productos que no son realmente sostenibles se comercialicen como tales”.

“Además, la información sobre sostenibilidad suele estar oculta en documentos complejos y el asesoramiento financiero está frecuentemente orientado a los productos de inversión con las mayores comisiones, no por el interés del consumidor”, apostilló.

A su juicio, son motivos que “justifican” la introducción de cambios en la normativa SFDR, tanto para establecer dos categorías claras de productos: sostenibles y en transición, como para excluir empresas con prácticas “dañinas”, establecer reglas “claras” de marketing y “asegurar que los asesores financieros tengan conocimientos sobre sostenibilidad”.

En la misma línea, el 76% de encuestados exige reglas “estrictas” para que un producto financiero pueda denominarse “sostenible”, el 71% quiere que las afirmaciones estén respaldadas por datos científicos, el 79% cree que las autoridades deben actuar contra proveedores que venden productos engañosos y el 68% solicita pruebas independientes o etiquetas de verificación.