Así lo afirmó durante su ponencia del curso 'La competitividad fiscal de la economía española' perteneciente a la programación de los Cursos de Verano CEU-María Cristina. En su intervención, explicó la situación actual de la vivienda y recalcó que está "machacada por el IPE, los Actos Jurídicos y otros costes iniciales no deductibles".

Izquierdo señaló que los "impuestos sobre la vivienda representan el 3,5% del PIB, mientras que el gasto público en esta área apenas llega al 0,5%". Según él, esta situación fiscal "penaliza" al sector y "restringe su dinamismo". Por tanto, la solución es "fomentar la construcción y la disponibilidad de propiedades a través de menos cargas impositivas".

Además, abogó por "legalizar la integridad del derecho de propiedad sobre el suelo" y garantizar la "libertad contractual de alquileres". En este contexto, argumentó que "la falta de libertad para establecer las condiciones de arrendamiento" provoca que los propietarios "dejen de ofrecer sus inmuebles". Mencionó el "temor de ocupación" como algo que, aunque no siempre sea estadísticamente masivo, es "asustante" y "desincentiva la oferta" de viviendas en alquiler, especialmente en regiones como Cataluña.

LIBERTAD DE DISEÑO

Por otro lado, en cuanto a la financiación autonómica, Izquierdo criticó las propuestas que buscan que algunas comunidades autónomas recauden sus propios impuestos al margen del sistema de redistribución general, aunque manifestó su agrado por la "libertad de diseño que tienen modelos como el régimen foral" e insistió en que "cualquier sistema debe basarse en la solidaridad distributiva".

Además, el expresidente del INE alertó sobre los riesgos para el control del fraude fiscal si se "fragmenta la recaudación tributaria en diversas administraciones", lo que podría dificultar el trabajo de la Agencia Tributaria.

En su ponencia, subrayó la "incoherencia" de quienes demandan autonomía fiscal para sus regiones, pero luego critican la responsabilidad fiscal de otras. Citó el caso de Madrid, que, con una fiscalidad "más moderada", registra la "recaudación por habitante más alta", demostrando que una menor presión fiscal puede atraer contribuyentes y generar mayores ingresos sin "espantar" la inversión.

Para concluir su ponencia, puso el foco en la necesidad urgente de mejorar la eficiencia del gasto público, contrario a la idea de "recortar". Recalcó que hay que "asegurar la prestación de los servicios de forma eficiente". Propuso vincular la productividad de los departamentos públicos a la mejora de su eficiencia, citando a la Agencia Tributaria como un "modelo de éxito en la mejora de su rendimiento".