Carballeda declaró a Servimedia que así lo ha trasladado esta misma semana al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante una visita a la sede de Por Talento Digital en Madrid, el proyecto de la Fundación ONCE que ofrece formación de calidad en profesiones tecnológicas a personas con discapacidad para su inclusión sociolaboral y progresión en el actual mercado de trabajo.

Bolaños participó en un acto con motivo del 45º aniversario de la Constitución española que va a conmemorarse el 6 de diciembre y Carballeda aprovechó la ocasión para transmitir una vez más al Ejecutivo la demanda que el sector de la discapacidad viene manifestando en los últimos años para reformar el artículo 49 con el fin de que se hable de este colectivo como “personas con discapacidad”.

Carballeda ensalzó por “magnífica” la Constitución que los españoles aprobaron en referéndum hace nueve lustros pero recordó que, para ser plenamente justos y respetuosos hacia las personas con discapacidad, debe retocarse el artículo 49 para suprimir la terminología “disminuidos”.

“Hay que cambiar el artículo 49 y ojalá sea por consenso de todos los partidos porque es hiriente que siga refiriéndose a los discapacitados como personas disminuidas. Queremos ser personas con discapacidad muy capaces”, explicó el presidente del Grupo Social ONCE.

Sin embargo, alertó sobre la posibilidad de que cualquier formación política aprovechara dicha coyuntura para incluir en la reforma otras cuestiones constitucionales que nada tienen que ver, como hace un año apuntaron Esquerra Republicana de Cataluña y Partido Nacionalista Vasco, quien llegó a proponer enmiendas que colaban en la Carta Magna el derecho a decidir y suprimían el artículo 155 que permitió intervenir la Generalitat de Cataluña en 2017 y cesar a Carles Puigdemont tras el referéndum ilegal de aquel 1 de octubre.

“También queremos que no se utilice ese cambio que pedimos desde la discapacidad para realizar otras pretensiones que podrían ser legítimas pero creo que sería feo que se aproveche esta ocasión y desde luego a la discapacidad no nos gustaría”, remachó Carballeda.

CINCO AÑOS DE INTENTOS INFRUCTUOSOS

Precisamente, la reforma del artículo 49 de la Constitución española lleva cinco años chocando contra las suspicacias y desconfianzas de los partidos políticos presentes en el Congreso de los Diputados, pues en diciembre de 2018 los portavoces de la Comisión de Discapacidad de las Cortes Generales alcanzaron un principio de acuerdo para modificar el artículo 49. Sin embargo, la iniciativa parlamentaria decayó cuando Pedro Sánchez adelantó las elecciones generales y tras las dos citas con las urnas de 2019 fue imposible retomar el acuerdo.

El Consejo de Ministros, con la vicepresidenta Carmen Calvo al frente, llegó a aprobar un texto alternativo para el artículo 49 de la Constitución, lo que enojó al principal partido de la oposición al separarse de la literalidad que previamente habían consensuado todos los partidos.

Los mismos portavoces que se pusieron de acuerdo en 2018 reactivaron la iniciativa en la primavera de 2022 al suscribir un documento conjunto en el que reclamaban al Congreso de los Diputados el "consenso requerido" para su reforma inmediata y "adecuar sus términos a una realidad incuestionable".

El último intento se produjo a comienzos de este año, con el trámite parlamentario avanzado y la polémica generada por algunos partidos independentistas al presentar enmiendas que retocaban la Constitución en asuntos que nada tenían que ver. Aun así, el propio ministro Bolaños aseguró que contaba con un “amplísimo consenso parlamentario” para llevar a cabo la reforma y se mostró convencido en febrero de que “vamos a poder modificar el artículo 49”.

Sin embargo, los grandes partidos fueron incapaces de ponerse de acuerdo en vísperas de las elecciones autonómicas y municipales de mayo y, tras el resultado del 28 de mayo y el anticipo de las generales al 23 de julio, la iniciativa que estaba en marcha volvió a decaer por el final de la legislatura. Ahora, el Consejo de Ministros o las Cortes Generales tendrán que iniciar de nuevo el proceso pero para tener verdadero éxito es fundamental alcanzar un acuerdo entre PP y PSOE que ha sido imposible en los últimos cinco años.