La entidad destacó que esta reforma, junto con la convalidación del real decreto-ley destinado a reforzar la financiación del sistema de dependencia, representa “un paso de gran calado” para consolidar derechos, ampliar servicios y dotar de mayor estabilidad al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

La PMP subrayó especialmente que el nuevo marco financiero avance hacia una de sus principales reclamaciones: que la Administración General del Estado asuma al menos el 50% del coste del sistema de dependencia, de forma que los derechos reconocidos cuenten con una financiación “suficiente, estable y evaluable”.

Asimismo, la Plataforma consideró que la reforma impulsa un modelo de atención más centrado en la persona, favorece la permanencia en el entorno habitual, amplía y flexibiliza los apoyos y avanza hacia una atención más ágil y coordinada. A su juicio, se trata de un paso decisivo para reforzar la autonomía, el bienestar y los derechos de las personas mayores y de las personas con discapacidad mayores, en coherencia con el reformado artículo 49 de la Constitución.

La PMP recordó que ha participado activamente durante la tramitación legislativa, trasladando enmiendas y propuestas para reforzar la efectividad de los derechos reconocidos, impulsar la vida independiente y los apoyos de base comunitaria, mejorar el catálogo de servicios y situar a la persona en el centro del sistema.

Entre los avances de la reforma, la entidad citó la ampliación del catálogo de servicios y prestaciones; el reconocimiento de nuevos apoyos para la autonomía personal; la eliminación de incompatibilidades; el refuerzo de la teleasistencia; la extensión de la ayuda a domicilio al entorno comunitario; y la agilización de procedimientos mediante una mayor conexión entre el reconocimiento de la dependencia y de la discapacidad.

También valoró los avances en accesibilidad universal; el refuerzo de derechos derivados de la reforma del artículo 49 de la Constitución y la incorporación de medidas para garantizar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos con los apoyos necesarios, también en ámbitos como el acceso a la justicia y la protección frente a situaciones de discriminación.

El presidente de la PMP, Jesús Norberto Fernández, afirmó que esta aprobación supone “una oportunidad real para avanzar en derechos, autonomía y calidad de los cuidados”, aunque advirtió de que “ahora empieza lo más importante: garantizar que la reforma se traduzca en menos esperas, más servicios, más equidad territorial y una financiación suficiente que haga efectivos esos derechos en la vida cotidiana de las personas”.

Fernández añadió que el avance hacia una financiación estatal de al menos el 50% del sistema “es una reclamación histórica y una condición imprescindible para dar estabilidad a la dependencia”, y señaló que el reto ahora es que esos recursos lleguen “de forma eficaz, homogénea y con criterios de equidad a todas las comunidades autónomas”.

“El sistema de dependencia atiende mayoritariamente a personas mayores. Por eso, esta reforma debe medirse por su impacto real en sus vidas: menos espera, más apoyos en el domicilio y en la comunidad, más autonomía, más calidad en los cuidados y más garantías con independencia del territorio en el que se viva”, concluyó.

La PMP reclamó, además, un gran pacto de Estado en materia de dependencia y cuidados de larga duración y mostró su disposición a seguir colaborando con el Gobierno, los grupos parlamentarios, el Senado, las comunidades autónomas y el conjunto de las administraciones públicas para asegurar que la aplicación de la norma se traduzca en derechos efectivos, autonomía real y bienestar.