Tal y como explicó este jueves el Instituto Armado en un comunicado, la operación 'Huotui' comenzó tras una inspección de una nave en obras situada en el Polígono Industrial Azucarera de Calahorra, donde los agentes detectaron indicios de una posible red de explotación laboral.

Ante la presencia de los agentes, varios trabajadores de nacionalidad china huyeron, mientras que el encargado de la obra trató de obstaculizar la labor policial aprovechando la barrera idiomática para eludir las preguntas de los investigadores.

Finalmente, la investigación permitió constatar que tres hombres y una mujer formaban parte de una estructura criminal encargada de la dirección y gestión económica del entramado que controlaba a los trabajadores explotados.

En concreto, según detalló la Guardia Civil, la organización captaba en China a ciudadanos en situación de vulnerabilidad y los trasladaba a España con visado de turista para emplearlos en el sector de la construcción con jornadas de entre 12 y 14 horas diarias, los siete días de la semana.

Trabajaban sin ninguna medida de seguridad e incumpliendo las normas del sector de la construcción, poniendo en riesgo su salud y su integridad física. De hecho, de los trabajadores liberados, uno presentaba una lesión en un pie, por lo que se le prestó asistencia y alimento.

Asimismo, al salario que recibían por su trabajo les descontaban cantidades en concepto de alojamiento y manutención. Dormían en colchones colocados sobre palés de madera, en "condiciones higiénico-sanitarias deplorables, carentes de las mínimas condiciones de habitabilidad", añaden. Además, para mantener el control, la organización recurría de manera sistemática a la intimidación y la violencia.

Durante la explotación de la operación, los agentes intervinieron 11.000 euros en efectivo, diversa documentación de interés para la investigación y varios vehículos utilizados por la organización. Además, se han bloqueado once cuentas bancarias vinculadas a los investigados y a la suspensión temporal de la actividad empresarial utilizada como tapadera para el desarrollo de las actividades ilícitas.

El estudio patrimonial de la organización reveló que, entre los años 2019 y 2025, las cuentas bancarias del principal responsable de la red registraron movimientos por más de 5,2 millones de euros, de los cuales, alrededor de 3,4 millones de euros carecen de trazabilidad conocida.

La investigación corrió a cargo del equipo de Policía Judicial de Calahorra, con la colaboración de efectivos de la Guardia Civil de Arnedo, patrullas de Seguridad Ciudadana, el grupo cinológico con perros adiestrados en la detección de dinero y las unidades de Seguridad Ciudadana de las Comandancias de La Rioja y Navarra. Además, en la asistencia a las víctimas participaron el Ayuntamiento de Logroño y diversas ONG especializadas.