Los agentes de este cuerpo sospecharon de la red de exportación después de tener conocimiento de que un numeroso grupo de automóviles Ford "Fiesta" prácticamente nevos iban a ser enviados a Francia por una empresa dedicada al alquiler de vehículos. Sin embargo, estos coches habían sido despachados legalmente por los servicios de aduana canarios.

Los automóviles se encontraban embargados por el Juzgado de Instrucción número 1 de Granadilla a la espera de que la sociedad "Motos Playa SL" de Santa Cruz de Tenerife, constando que dicho juzgado había prohibido explícitamente que los coches salieran de la isla.

El embargo se realizó tras las protestas de los proeedores, que no habían cobrado el precio estipulado, y contra una posible insolvencia de la empresa demandada.

Sin embargo, los vehículos fueron trasladados a Barcelona para intentar eludir el embargo y posteriormente, con documentación legal, intentar proseguir su viaje a Francia por vía marítima.

Los automóviles quedaron inmovilizados en el muelle de Lepanto del puerto de Barcelona a la espera de lo que disponga el Juzgado que decretó su embargo.