La llamada 'Operación Madonis' se inició en junio del pasado año, cuando se realizó un inspección rutinaria en este local donde se ejerce la prostitución, todo ello enmarcado en una directiva relativa a actuaciones contra la trata de seres humanos.

A los agentes les llamó la atención la actitud “muy nerviosa” de las tres mujeres que se encontraban trabajando en esos momentos en el local, así como la de otra que desempeñaba funciones de responsable. También sospecharon al ver que las preguntas realizadas a las trabajadoras eran respondidas principalmente por la responsable que controlaba las respuestas de sus empleadas.

Ante esta situación, los guardias civiles procedieron a realizar una entrevista con estas mujeres a solas para determinar la situación en la que se hallaban. Fue entonces cuando se percataron de que las tres mujeres fueron trasladadas al local nada más llegar a España para explotarlas sexualmente.

Se comprobó que estas mujeres apenas salían del establecimiento y que sus pasaportes tenían números correlativos, así como la misma fecha de entrada en este país, “estando todas ellas en situación irregular”. Además, una de las víctimas se encontraba enferma y “muy demacrada”.

La Guardia Civil inició una investigación tras atestiguar un caso de explotación sexual que estaría dirigido por el responsable del local junto a su pareja sentimental, que desempeñaba las funciones de madame. Además, se sospecha que existió la participación de una tercera persona: una mujer en Sudamérica que sería la encargada de captar a las futuras víctimas.

CAPTACIÓN DE MUJERES

El ‘modus operandi’ de esta red consistía en captar a chicas extranjeras en sus países de origen. Para ello, una mujer relacionada con la encargada del local de Garrapinillos se encargaba de ofertar a chicas jóvenes viajar a España para trabajar como camareras de bar o como ‘scort’ con la promesa de que ganarían dinero y estarían bien cuidadas.

Estas mujeres, vulnerables por su situación económica en su país, no podían costearse el gasto del viaje a España, por lo que la red les facilitaba los billetes de vuelo hasta Madrid, trámites de los pasaportes, alojamientos de hotel y dinero de manutención. Una vez con la documentación necesaria para el viaje, eran aleccionadas de lo que tenían que decir en los controles de los aeropuertos (su viaje era de turismo, tenían reserva de hotel e incluso que habían realizado estudios en su país de origen).

Al llegar a España, o bien eran recogidas en el propio aeropuerto o eran recogidas por el propietario del establecimiento de Garrapinilos tras coger un autobús. De allí, eran trasladadas directamente a dicho local, donde esperaba su pareja para informarles en qué iba a consistir su trabajo real en España.

DEUDAS DE HASTA 3.000 EUROS

En ese momento, eran informadas de la deuda que habían adquirido con los responsables de la red, que oscilaba entre los 1.800 y 3.000 euros, y que para abonar la misma todos los trabajos que realizasen con los clientes serían cobrados íntegramente por la responsable del local hasta saldar la deuda.

Para ello, les informaban que tenían que alojarse en el propio establecimiento, no pudiendo salir del mismo si no era con permiso y sin poder relacionarse con nadie externo a su trabajo, “estando permanentemente controladas por los responsables de la red”.

Las víctimas, ante la deuda económica contraída, se vieron obligadas a ejercer la prostitución, ya además sentían “miedo” porque la responsable del local les decía “continuamente” que, al encontrarse en situación irregular, serían deportadas si efectuaban salidas y eran identificadas por la Guardia Civil.

Para llevar a cabo la actividad, la organización utilizó fuertes medidas de seguridad, como el control visual por cámaras de videovigilancia, un perro de raza peligrosa para guardar el inmueble o el traslado de las chicas por los propios integrantes de la red.

DETENCIONES

Ante estos hechos, los investigadores realizaron un registro en el local de Garrapinillos, donde fueron detenidos los dos responsables de la red (propietario del local y la madame). A los detenidos se les imputan los supuestos delitos de pertenencia a organización criminal para la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y favorecimiento de la inmigración irregular.

Durante la investigación se pudo determinar que la única finalidad de esta red era obtener beneficios económicos. Les era indiferente la salud y la seguridad de sus empleadas, “a las que obligaban a trabajar incluso estando enfermas y eran aleccionadas al consumo de drogas si los clientes se lo pedían o a que no se defendieran ante algún tipo de agresión por los clientes”, según relata la Guardia Civil.

Las seis víctimas liberadas actualmente se encuentran en ONGs, mientras que los detenidos han ingresado en prisión. La tercera persona reside en un país de Sudamérica y se le investiga por los mismos delitos.