La resolución, que entrará este miércoles en vigor de forma definitiva, da soporte a las medidas acordadas con CCOO y UGT en el ‘Acuerdo marco para una administración del siglo XXI’ firmado el 19 de octubre de 2022, que están dirigidas a “impulsar la acción común por una igualdad entre mujeres y hombres", visibilizar este principio "como un elemento clave y vertebrador de las organizaciones públicas”.

Una de ellas era la creación de un registro que recoja estos documentos, un compromiso que se ratificó en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023, en el que Hacienda estableció su gestación para marzo.

El Registro de Planes de Igualdad de las Administraciones Públicas dependerá de la Secretaría de Estado de Función Pública y “facilitará la plena efectividad del derecho de la ciudadanía a conocer los planes” de igualdad y frente al acoso sexual y por razón de sexo, “potenciando una mayor publicidad y difusión de dichos planes y protocolos, que, aun siendo públicos, podrán así ser accesibles de manera más fácil en un recopilatorio de documentos”.

El registro contendrá así los documentos soporte de los planes y protocolos que ya han sido objeto de aprobación por sus respectivas administraciones –estatales, autonómicas y locales–, y aunará en un solo espacio todos los documentos adoptados en esta materia.

El funcionamiento de este registro "no implicará incremento de gasto", según recoge la resolución, sino que su funcionamiento será atendido con los medios personales, técnicos y presupuestarios de la Secretaría de Estado de Función Pública.

“La igualdad entre mujeres y hombres, además de ser un derecho fundamental reconocido tanto en el orden internacional como en el nacional, constituye una necesidad estratégica de cualquier país para alcanzar una verdadera democracia y para construir una sociedad más justa, cohesionada y desarrollada social y económicamente”, indica el texto.

Por ello, las administraciones, “en su calidad de empleadoras y responsables de la ejecución de las políticas públicas”, deben ejecutar e impulsar las actuaciones necesarias en materia de organización de su personal a fin de dar cumplimiento al principio de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, “sirviendo, además, de modelo y ejemplo al resto de organizaciones, públicas y privadas, así como a la sociedad en su conjunto”.