Así lo expuso en el Congreso de los Diputados, en una interpelación urgente por la que preguntó al Gobierno qué medidas tiene previsto aprobar para hacer efectiva la aplicación y desarrollo de la Ley de Memoria Histórica.

Herrera recordó el papel de la Fiscalía en el caso sobre la Guerra Civil española, instruido por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y archivado posteriormente por la Sala de lo Penal de esta institución judicial.

A juicio del diputado de ICV, el Ministerio Público, "en lugar de acompañar a la víctimas, puso todo su empeño en archivar la causa", porque "la comodidad primó sobre el derecho de las víctimas".

Asimismo, reprochó que "en una ciudad como Madrid la única oficina que explica los derechos de las víctimas es la de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica".

Tras recordar que la citada ley era "un punto de partida y no de llegada", Herrera afirmó que el desarrollo de esta norma debe ir acompañado de la voluntad del Gobierno, que ha deponer los instrumentos administrativos y jurídicos necesarios.

En este sentido, pidió, además de una fiscalía especializada, los recursos necesarios para que las víctimas puedan desenterrar a sus seres queridos y que se retiren los símbolos franquistas que aún se exhiben en el Valle de los Caídos.

LA OFICINA

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, explicó a Herrera que el Gobierno ya ha puesto en marcha en Madrid una oficina de atención a las víctimas, que se encuentra en la plaza de Jacinto Benavente,

Asimismo, destacó la puesta en marcha de un protocolo de actuación científica para la exhumación de los cadáveres, así como del centro documental de la memoria histórica y la concesión de la nacionalidad española a los hijos y nietos de españoles exiliados, entre otros aspectos.

Tras asegurar que, en los 15 meses de vida de la Ley de Memoria Histórica, el Gobierno ha puesto "todo su empeño" en cumplir las previsiones contenidas en esa norma, el ministro recordó que no todo depende del Gobierno, ya que hay aspectos de la ley cuyo cumplimiento depende las administraciones locales y autonómicas. "Pero estoy seguro de que avanzaremos en el buen camino", apostilló.