Herrera, durante el debate sobre política general de la región, estructuró su intervención en el análisis de su gestión, el anuncio de nuevos planes, los reproches al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y en definir su posición en el debate político nacional, centrado en la financiación autonómica y la reforma de los estatutos de autonomía.

A modo de conclusión de su ronda de contactos con los agentes sociales, económicos y políticos, para la reforma "ambiciosa y racional" de la norma básica de la comunidad, Herrera planteó diez cuestiones que, según su criterio, deberían incorporarse al Estatuto. Entre las novedades, sugirió la creación de la comisión bilateral como foro, dijo, para conocer la posición del Estado en las políticas que afectan directamente a Castilla y León.

"Desde luego no sería un órgano exclusivo o excluyente", precisó Herrera, que lo planteó como una comisión general similar a las conferencias sectoriales que ya existen entre los ministerios y las consejerías.

En la misma línea, demandó un régimen jurídico mínimo para regular los instrumentos actuales de colaboración con el Estado. Se da la circunstancia de que una de las cuestiones más debatidas en la reforma del Estatuto de Cataluña se refiere a las relaciones bilaterales con el Gobierno central.

En primera línea de la reforma, que debe ser tratada como una "cuestión de Comunidad", bajo la vigencia de la Constitución y con las Cortes con un papel protagonista, Juan Vicente Herrera situó la Cuenca del Duero para lograr "definitivamente" su reflejo estatutario. Dijo que ninguna otra comunidad cuenta con un elemento definitorio, vertebrador e integrador tan importante, "un auténtico hecho diferencial de Castilla y León", remarcó

Para lograr superar la actual regulación en el Estatuto, cuya disposición adicional tercera ya recoge una especie de cogestión mediante convenios, el presidente de la Junta propuso tres alternativas: incorporar esta disposición al cuerpo del Estatuto en el apartado de competencias regionales; la aplicación de la Constitución para transferir o delegar esta competencia; y por último, pedir al Estado, mediante ley, que modifique su Ley de Aguas para cambiar el concepto de Cuenca Hidrográfica y reconocer el régimen singular de la cuenca y Castilla y León.

Aunque de pasada, Herrera quiso dejar claro que el consenso que se consiga en el Parlamento regional se debe buscar también en las direcciones nacionales de PP y PSOE, ya que la reforma debe ser aprobada finalmente en el Congreso de los Diputados.

No en vano, en la modificación de 1999 se ambicionó un cambio más profundo en la gestión del Duero que fue rechazado en Madrid.

JUSTICIA

Herrera, que recordó que está pendiente la transferencia de Justicia, indicó que la Ley del Poder Judicial permite la participación de la Comunidad en la definición de las demarcaciones territoriales y en el nombramiento de los altos cargos judiciales.

También es posible, añadió, la creación de un órgano consultivo sobre los asuntos de la Administración de Justicia. A propuesta del Consejo Consultivo, matizó que cabe reconocer "como patrimonio jurídico de Castilla y León" usos y costumbres de la Comunidad que regulan muchas relaciones, negocios y derechos. Habría que compilar este derecho consuetudinario y reconocer al Tribunal Superior de Justicias de Castilla y León como órgano interpretativo de los mismos, indicó.

Herrera completó la lista para la reforma de la norma básica de la región con la petición de que recoja la condición histórica de Castilla y León; el reconocimiento de las instituciones propias; un apartado de derechos sociales; aumentar las posibilidades de actuación sobre el territorio; proyectar la presencia exterior de la Comunidad; una financiación autonómica basada en la autonomía, suficiencia, corresponsabilidad y solidaridad, y propuestas sobre el patrimonio cultural.

En este último apartado incluyó la declaración del castellano como lengua oficial de la Comunidad.