Herrero apuntó, en concreto, al relativo a la elaboración de informes y la obligación de hacer “sí o sí” los que encargue la Administración central, pero no las territoriales, a pesar de que lo financian igual. “Creo que no se dio cuenta cuando se redactó,” comentó la presidenta.

Herrero, que terminará su mandato en marzo, instó al Gobierno a “promover la reforma de la Ley Orgánica de la Airef”, que resulta “necesario e imprescindible” para que las evaluaciones cuenten con las mimas garantías jurídicas de la supervisión fiscal.

“Nuestra Ley Orgánica nos dice que no podemos aceptar instrucciones del Gobierno. Hacer algo por decreto es aceptar instrucciones del Gobierno y contraviene nuestra ley”, advirtió.

En este sentido, la Airef tuvo roces con el Ejecutivo, después de que el Gobierno anunciara que le pediría un nuevo informe adicional sobre la situación del sistema de pensiones, con la emisión de conclusiones para antes de junio de 2026.

La petición sorprendió a la Airef, que no contaba con este encargo ya que presentó evaluaciones del sistema de pensiones en 2023 y 2025, y avisó de que el diagnóstico no variará en un nuevo informe.

Ante esa situación, la autoridad elevó una consulta a la Abogacía del Estado, para conocer si el Gobierno puede obligarle por decreto a elaborar un nuevo informe sobre pensiones, a pesar de no estar previsto en su ley reguladora.