El Consejo de Ministros inició en febrero del año pasado los trámites para el derribo de ese hotel al adoptar la declaración pública de los terrenos y bienes situados dentro del dominio público marítimo-terrestre (cerca de un 40% de los terrenos) como paso previo a su expropiación, demolición -que costeará el Gobierno con siete millones de euros- y recuperación de ese paraje natural.

La declaración de utilidad pública es un primer paso antes de un acuerdo urgente de ocupación e hitos administrativos hasta la expropiación y la demolición del hotel, cuya construcción se inició en 2003 sobre terrenos no urbanizables en el término municipal de Carboneras.

El 60% del edificio está fuera de la zona de dominio público marítimo-terrestre y pertenece al mencionado parque natural, cuyas competencias ostenta la Junta de Andalucía.

El Gobierno y la Junta de Andalucía firmaron en 2011 un protocolo para la protección de la playa de El Algarrobico, con el que el Ejecutivo central asume los gastos de demolición y el autonómico, el desescombro y la gestión de los residuos.

Ante la parálisis del proceso, activistas de Greenpeace llevaron el pasado miércoles al alcalde de Carboneras (Almería), Salvador Hernández, una tarta con la forma del 'hotel ilegal' para recordarle que debe cumplir con las sentencias que lo obligan a revisar y a anular la licencia de obras de esa instalación.

"No queríamos dejar pasar la oportunidad de celebrar este aniversario dulce y amargo. Dulce porque celebramos que hace 20 años se paralizó esta monstruosidad, símbolo de la destrucción costera y el urbanismo depredador. Amargo porque llevamos 20 años intentando derribarlo y aún sigue en pie", apuntó Luis Berraquero, coordinador territorial de Greenpeace en Andalucía.

Además de la tarta, Greenpeace le trasladó al alcalde una copia del escrito remitido este miércoles al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en el que se solicita que ese órgano judicial interponga una multa personal al alcalde por su “contumaz actitud” para cumplir con las sentencias.

VÍA PENAL

Así, Greenpeace dio un paso inédito: solicitar al alto tribunal andaluz que denuncie al alcalde de Carboneras por la comisión de un presunto delito de desobediencia.

La organización ecologista solicita que se abra la vía penal por considerarse en completo desamparo ante las constantes maniobras dilatorias que el Consistorio ha realizado a lo largo de estos años.

Greenpeace considera que el Ayuntamiento de Carboneras utiliza “estudiadas argucias” que demoran los procesos administrativos que obligan al consistorio a cumplir las sentencias del TSJA.

El hotel acumula 14 sentencias del Tribunal Supremo y otras tantas del TSJA, y que la del Supremo que obliga explícitamente al ayuntamiento a revisar la licencia de obras del hotel es de hace cuatro años.

“Hay mucha gente que nos pregunta cómo es posible que un ayuntamiento o una persona pueda saltarse el cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo durante cuatro años”, recalcó Berraquero.

A este respecto, Berraquero añadió: “El Ayuntamiento de Carboneras lleva ya demasiados años mareando la perdiz para una serie de actos administrativos que podrían realizarse en menos de 15 días. No caben más excusas. Tienen que cumplir y no lo hacen. Por este motivo nos vemos obligados a trasladar este escrito al TSJA, porque ya en otras ocasiones el Tribunal ha apercibido con multas al alcalde y las han eludido haciendo como quien mueve papeles. Veinte años son más que suficientes. Es hora de que el hotel se derribe y se renaturalice esta playa”.

“INTRINCADA HISTORIA”

La “intrincada historia” de la demolición del Algarrobico tiene una alternativa que no depende de la voluntad del alcalde de Carboneras. Tras el anuncio de la intención de expropiación por parte del Estado del 40% del hotel que se encuentra dentro de la franja de los 100 metros de servidumbre de dominio público marítimo-terrestre que establece la Ley de Costas, se abre una nueva vía.

De confirmarse que esta opción es posible, la Junta de Andalucía tendría en su mano aplicar la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, que le permite ejercer la facultad de expropiación en edificios manifiestamente ilegales, o bien culminar el derecho de retracto, puesto que el hotel ilegal se encuentra ubicado en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.

Después de que el Ejecutivo andaluz haya incluido en varios presupuestos una partida específica para el derribo del hotel, si se ejecutase la expropiación por parte del Estado podrían hacerse efectivas las intenciones anunciadas a bombo y platillo en varias ocasiones por el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla.

“Es el momento de que la Junta ratifique su decisión de derribar de una vez por todas esta ruina ilegal. Necesitamos que se den los pasos necesarios, con valentía, que acaben con este icono de la destrucción costera para que se pueda recuperar la salud de estos terrenos protegidos del Parque Natural, que nunca deberían haber sido urbanizados”, concluyó Berraquero.