El pasado febrero se cumplieron 20 años de la paralización cautelar de las obras de ese complejo. Un año antes, el Consejo de Ministros inició los trámites para el derribo de ese hotel al aprobar la declaración de utilidad pública de los terrenos y bienes situados dentro del dominio público marítimo-terrestre (cerca de un 40% de los terrenos), como paso previo a su expropiación. El Gobierno asumirá el coste de la demolición, estimado en siete millones de euros, así como la recuperación de ese paraje natural.

Esa declaración de utilidad pública fue un primer paso antes de un acuerdo de ocupación e hitos administrativos hasta la expropiación y la demolición del hotel, cuya construcción se inició en 2003 sobre terrenos no urbanizables en el término municipal de Carboneras.

El 60% del edificio está fuera de la zona de dominio público marítimo-terrestre y pertenece al mencionado parque natural, cuyas competencias ostenta la Junta de Andalucía.

La anulación de la licencia de obras por parte del Ayuntamiento de Carboneras llega tras “años de insumisión judicial” protagonizada por este Consistorio, según Greenpeace. La organización considera además que esta decisión pone fin al “calvario administrativo que ha acompañado a esta ruina urbanística”.

ACUERDO EN 2011

Por otra parte, esta decisión abre un nuevo escenario para la demolición del hotel. Con la licencia anulada, ya no hay obstáculos administrativos para derribar la construcción ilegal, cuya orden debe partir del Ayuntamiento de Carboneras.

El Gobierno y la Junta de Andalucía firmaron en 2011 un protocolo para la protección de la playa de El Algarrobico, con el que el Ejecutivo central asume los gastos de demolición y desescombro, y el autonómico, la gestión de los residuos y la restauración ambiental.

Según un informe encargado por Greenpeace, el derribo y la restauración tienen un coste estimado que supera los siete millones de euros.

“La anulación de esta licencia no es un trámite administrativo más; es el fin de un calvario de dos décadas y una enmienda a la totalidad a los desmanes ambientales del urbanismo depredador en la costa”, apuntó Luis Berraquero, coordinador de Greenpeace en Andalucía.

Berraquero añadió: “El clamor popular es claro: necesitamos pasar página ya, que empiecen a caer escombros y que la naturaleza vuelva a conquistar el territorio que en su día le fue arrebatado. A pesar de las maniobras dilatorias del Ayuntamiento, esta victoria demuestra que la fuerza ciudadana es imparable”.

“LADRILLAZO DEPREDADOR”

Por su parte, la directora ejecutiva de Greenpeace España, Eva Saldaña, indicó: “Esta victoria tiene un solo dueño: las miles de personas que, durante décadas, nos negamos a dar por perdida la batalla contra el ladrillazo depredador. Ahora exigimos las excavadoras ya y un plan de restauración que devuelva el entorno natural a su estado original”.

“En un contexto político en el que se ha aceptado desregular y debilitar las leyes, la pelea para proteger la biodiversidad y restaurar nuestro territorio sigue viva, pero hoy celebramos algo enorme: la movilización ciudadana ha frenado en seco la codicia empresarial. Ganó la naturaleza, nuestro tesoro más preciado”, concluyó Saldaña.