La adjudicación del proyecto de construcción del túnel se remonta al año 1988 y provocó una investigación judicial, hoy todavía abierta, que desembocó en la dimisión del presidente regional Gabriel Cañellas y en el mayor escándalo político de la comunidad autónoma.

Los responsables de la empresa concesionaria del proyecto, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), explicaron ayer a l prensa las características del túnel, que ha supuesto una inversión que supera los 8.000 millones de pesetas y que tiene una longitud de 3.023 metros.

La obra evita un tramo de carretera denominado 'el Coll de Sóller', entre los kilómetros 18 y 29 de la carretera que une Palma de Mallorca con Sóller. Dicho tramo tiene más de 60 curvas y un desnivel máximo de 400 metros, que ahora se ha salvado.

El proyecto del túnel de Sóller fue adjudicado el 18 de noviembre de 1988 a una compañía propiedad delempresario Antoni Cuart. La mala situación de la empresa, que desembocó en la petición de quiebra, en junio de 1994, provocó la concesión de continuas prórrogas y un retraso acumulado de las obras. Tras el levantamiento de la quiebra, en agosto de 1994, FCC se quedó con la mayoría de las acciones.

Un juzgado de Palma inició una investigación sobre el presunto desvío de comisiones de hasta 50 millones de pesetas de la concesionaria a altos cargos del PP balear, lo que provocó que la dirección nacional el partido forzara en el verano de 1995 la dimisión del entonces presidente regional, Gabriel Cañellas.

La causa fue asumida por el Tribunal Superior de Justicia, que ya ha dado por finalizada la instrucción. La Fiscalía se ha pronunciado sobre los hechos investigados, acusando a Cañellas de los presuntos delitos de prevaricación continuada y cohecho y solicitando para el ex presidente penas de un año de cárcel, 18 años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, una multa de 150 millonesfianza de 200 millones en caso de que el juez, que está a la espera de que se pronuncien la acusación particular y la defensa, decida la apertura de juicio oral.

El túnel de Sóller es la primera obra pública de Baleares en la que sus usuarios se verán obligados a pagar peaje. El Consejo de Gobierno aprobó ayer las tarifas: 215 pesetas para las motocicletas, 535 para los turismos, 835 para los camiones y 950 para los vehículos más pesados. Los residentes y empresarios de la zona se beneficiarán de desuentos en las citadas tarifas.