Así se recoge en un documento interno del Ejecutivo, fechado el 1 de abril, y titulado "Síntesis de la valoración económica de la reforma de los sistemas de protección por desempleo", difundido hoy por UGT. Dicho documento desglosa, 17 días antes de que se iniciara el diálogo con los sindicatos, el contenido y el coste de la reforma.

El pilar que más dinero permitirá ahorrar al Gobierno es la obligación del parado de suscribir un compromiso de actividad, lo que conllevará unahorro de 234,4 millones de euros, mientras que la supresión de los salarios de tramitación supondrá un ahorro de 193,3 millones de pesetas (aunque en este apartado también se incluye lo que dejarán de abonar las empresas).

El cerrar los nuevos accesos al subsidio agrario en Andalucía y Extremadura hará que el Estado no tenga que pagar otros 133,4 millones de euros, a los que se sumarán otros 122 millones de ahorro por la incompatibilidad del subsidio con otro tipo de rentas, como la indemnización pordespido.

El establecimiento de lo que es oferta de empleo adecuado ahorrará 93,1 millones de euros a las arcas públicas y la potestad sancionadora del Estado en materia de prestaciones permitirá ahorrar 59,3 millones de euros.

La reforma de la protección para emigrantes retornados permitirá ahorrar 43,9 millones de euros. Mientras, la incompatibilización de las vacaciones no disfrutadas con las prestaciones por desempleo proporcionará un ahorro de 41,3 millones.

Otras medidas, como la limitaión de la protección a los fijos discontinuos o la creación del sistema de protección contributiva para los trabajadores del campo de toda España permitirán ahorrar 20,5 millones de euros.

Mientras, el poder compatibilizar el cobro de la prestación con el salario, es decir, subvencionar al empresario la contratación, tendrá, por un lado, un coste de 39 millones, aunque permitirá ahorrar 24,5 millones a la vez al ahorrarse el pago de parte del subsidio.

COSTE

En el otro lado de la balanza se sitan las medidas que supondrán un incremento de los gastos del Estado. La más costosa es la bonificación de la contratación de mujeres en los dos años posteriores a haber sido madres.

El Gobierno confía en que un total de 160.000 mujeres se beneficien de estas medidas, lo que supondrá un coste de 410,5 millones de euros.

El ampliar los beneficiarios de la renta activa de inserción a los mayores de 45 años, los discapacitados y las mujeres maltratadas costará 123,4 millones de euros, mientras que lamodernización de los servicios públicos de empleo supondrá otros 101,9 millones.

La dotación de recursos para el Inem y el favorecer la movilidad sectorial y geográfica cierran el capítulo de gastos, con 32,1 y 30 millones de euros, respectivamente.

Con todo ello, la reforma, que conlleva la realización de 800.000 acciones para la búsqueda de empleo, arroja un gasto de 736,9 millones de euros para el Estado, mientras que el ahorro asciende a 965,5 millones. El saldo es positivo para las arcas púbicas en 228,6 millones.