Así se puso de manifiesto durante un diálogo organizado por la agencia de noticias Servimedia con motivo del quinto aniversario de la Ley 8/2021, en el que participaron la presidenta del Consejo General del Notariado y de la Fundación Aequitas, Concepción Barrio Del Olmo; el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno; la coordinadora del Departamento Jurídico de Plena inclusión, Inés de Araoz; y la directora de Alianzas y Relaciones Internacionales de Fundación ONCE, Lourdes Márquez.

Barrio Del Olmo advirtió de que la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías pueden ser “muy perjudiciales” si no se desarrollan adecuadamente y subrayó que la aplicación de la Ley 8/2021 no termina con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), sino que requiere un desarrollo posterior que evite sesgos y discriminaciones.

“La inteligencia artificial se puede convertir en menos inteligente, más excluyente, si no se la educa, y comienza a tener sesgos, se empieza a generar discriminación”, señaló. Por ello, defendió que estas herramientas deben ser beneficiosas para toda la sociedad y, especialmente, para las personas con discapacidad, sus familias y las entidades del tercer sector.

En la misma línea, Pérez Bueno alertó de que una de las principales amenazas es construir una inteligencia artificial “que no cuente con todos los protagonistas”, por lo que reclamó que las personas con discapacidad, sus familias y el movimiento asociativo “participen activamente en su diseño”.

“Tenemos que ser protagonistas de la misma porque si no saldrá desvirtuada, saldrá menos inteligente y más maliciosa y nos perjudicará”, afirmó. A su juicio, la inteligencia artificial debe favorecer la inclusión y el ejercicio efectivo de derechos y no convertirse en una herramienta de “restricción y contención” de la participación de las personas con discapacidad.

Pérez Bueno también destacó el potencial de estas tecnologías para mejorar la aplicación de la Ley 8/2021 y animó al movimiento asociativo a impulsar proyectos de investigación, desarrollo e innovación que permitan trasladar sus avances a la práctica y mejorar las condiciones de bienestar y desarrollo.

RIESGOS EN LA JUSTICIA

De Araoz puso el foco en los riesgos que puede plantear el uso de inteligencia artificial en el ámbito de la Justicia. Explicó que puede ser útil para apoyar la toma de decisiones de personas con dificultades de comprensión lectora y para facilitar el acceso a textos jurídicos mediante soluciones como la lectura fácil.

Sin embargo, alertó de que cualquier solución basada en inteligencia artificial “tiene que ser inclusiva y las personas tienen que poder acceder a ella”. También se refirió a un proyecto del Ministerio de Justicia para agilizar la tramitación de expedientes mediante inteligencia artificial y robotización.

Aunque consideró positivo agilizar los procedimientos ante la falta de medios de la Administración de Justicia, expresó su preocupación por la elaboración de borradores de informes cuando todavía no existen estándares comunes suficientemente definidos para determinar las necesidades de apoyo de una persona.

Según explicó, en España distintos profesionales pueden aplicar sus propios conocimientos y criterios para identificar esas necesidades, sin que exista un “corpus de conocimiento” común sobre cómo deben realizarse estas evaluaciones. Por ello, advirtió de que informatizar o automatizar estos procesos sin contar previamente con criterios compartidos puede tener importantes consecuencias para las personas con discapacidad y dificultar la comprensión de cómo se han adoptado determinadas decisiones.

ACCESIBILIDAD Y PARTICIPACIÓN

Por su parte, Márquez destacó que la inteligencia artificial, la digitalización y la robótica tienen un “potencial increíble”, pero recalcó que su desarrollo debe garantizar la accesibilidad, la inclusión y el respeto de los derechos humanos.

Entre sus posibles aplicaciones, mencionó los sistemas de resumen, traducción y explicación de contenidos, así como el subtitulado automático en tiempo real, que pueden facilitar el acceso a la información y la comunicación.

No obstante, insistió en la necesidad de validar los resultados obtenidos y de incorporar a las propias personas con discapacidad al desarrollo de estas herramientas para garantizar que las soluciones sean “prácticas y efectivas”.

En este sentido, defendió que la inteligencia artificial constituye una “oportunidad para avanzar” en los apoyos a las personas con discapacidad, siempre que se utilice de manera adecuada, se controle la aparición de sesgos y se garantice la participación de quienes serán sus destinatarios.