Ibarra pide declarar "indigno" al diputado que acuse en falso -------------------------------------------------------------
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El PSOE andaluz ha iniciado una ofensiva de imagen para contrarrestar el daño que ha sufrido el partido durante los últimos meses por el descubrimiento del denominado "caso Ollero", en el que ha sido implicado el ahora ex director general de Carreteras del Gobierno autonómico, Manuel Ollero.
La campaña comenzará con la presentación de una querella criminal contra tre de los cuatro principales implicados, Jorge Ollero, hermano del ex director general de Carreteras; Pedro Llach, intermediario financiero, y Jesús Roa, presidente de Ocisa, la constructora que supuestamente recibía concesiones de obras públicas a cambio de comisiones.
De lo investigado hasta ahora por la Policía Judicial de Sevilla y de las conversaciones grabadas a varios de los implicados, se deduce que el PSOE andaluz recibía un porcentaje de esas comisiones, como fuente de financiación.
Segúninforma hoy el diario "El País", los socialistas andaluces han decidido sumarse a la petición de la oposición de crear una comisión de investigación en el Parlamento andaluz. Esta comisión irá a compañada de otra, a petición del presidente andaluz, Manuel Chaves, que investigará la financiación de los partidos políticos en esa comunidad autónoma.
Chaves, a quien sus asesores han advertido que el escándalo comienza a dañar la imagen suya y del partido, declaró esta mañana a la cadena Ser que el "caso Olero" no va a ser "la tumba" del PSOE y dijo que los socialistas son los principales interesados en que se aclare "hasta sus últimas consecuencias".
"Por lo tanto", añadió, "que se castigue a toda persona que haya podido cometer un delito. Lo quiero para que los andaluces sean conscientes de que tienen un Gobierno de personas honradas y para que sean conscientes también de que el PSOE andaluz no se ha financiado ilegalmente".
Chaves anunció formalmente que pedirá al Parlamento andaluz que investiue "lo que ustedes llaman `caso cacerolo' (mote con el que era conocido el ex director general de Carreteras de Andalucía, Manuel Ollero) y que yo podría denominar `caso Ocisa'; pero para investigarlo a fondo, no para utilizar este tema como un instrumento político de descalificación general del Gobierno".
INVESTIGAR LOS CREDITOS
El presidente andaluz confirmó también que quiere otra comisión de investigación que estudie las finanzas de todos los partidos. "Al final, siempre aparece un tema de fondo la duda que los ciudadanos puedan tener sobre la financiación de los partidos. Porque siempre están apareciendo noticias sobre financiación ilegal de los partidos. Yo me pregunto, ¿por qué no aclaramos de una vez este tema y llevamos la tranquilidad correspondiente a todos los ciudadanos?".
Manuel Chaves dijo que en esa segunda comisión, cada partido deberá enseñar sus cuentas, sus recursos económicos, de dónde los obtiene, cuáles son los préstamos, qué bancos les otorgan créditos, cómo amortizan y cmo financian esos préstamos.
"A la vista de estos datos", añadió, "(la comisión) presente conclusiones que puedan mejorar o aclarar ante los ciudadanos la financiación de los partidos políticos".
El presidente de la Junta de Andalucía afirmó que decir que su Gobierno conocía el pago de comisiones por la adjudicación de carreteras y otras obras públicas es "una injuria y una calumnia".
"Si hay algún empresario que conoce algún caso concreto de pago de comisiones a la Administración andaluza tene dos vías: acudir a los tribunales, aportando nombres y datos concretos. Y otra, que acuda a la Administración andaluza; y diría más, que acuda a mí personalmente y me dé esos datos", concluyó.
DIPUTADOS "INDIGNOS"
Por su parte, el presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, declaró sobre este tema a la Ser que el PSOE debería aceptar "todas las comisiones de investigación que la oposición nos pida cuando se hagan referencias a supuestos casos de corrupción".
A su jucio, estar "permanentemente" negándose a dar explicaciones conduce "a la sospecha y a la duda". "Yo creo", afirmó, "que habría que modificar los reglamentos del Congreso de los Diputados y de todas las Cámaras autonómicas, en el sentido de que se estableciera la figura de la `indignidad' del diputado (acusador)".
Esta "indignidad" del parlamentario se declararía si la comisión de investigación -"paritaria, proporcional o como se quiera"-, creada para el caso en cuestión, dictamina que el diputado ha mntido.
En su opinión, hay diputados que son "verdaderos profesionales de la denuncia (falsa)", que deben ser declarados "indignos" y marcharse a casa.
(SERVIMEDIA)
08 Sep 1992
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