En su iniciativa, ICV resalta que "reconocer derechos humanos para las trabajadoras del sexo implica en primer lugar su reconocimiento como interlocutoras válidas y no relegarlas desde el primer momento a un plano de víctimas y por tanto, negarles el respeto social y la dignidad".

"La prostitución voluntaria es trabajo por autodefinición, y cumple todos los requisitos legales exigidos actualmente para quedar incluido en el marco de protección del Régimen Especial de Seguridad Social de los Trabajadores Autónomos", argumenta.

Para esta formación, la situación "alegal" de la prostitución en España es "la peor" que se puede dar, porque, de un lado, "no está regulada ni civil ni laboralmente y del otro, no está penada, exceptuando casos de menores de edad o prostitución forzada".

El diputado de ICV explica en la exposición de motivos que el 17 de abril de 2007 la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer concluyó el dictamen final sobre la situación de la prostitución en España sin el apoyo de IU-ICV, por considerar que ofrecía un enfoque parcial.

"Las conclusiones y recomendaciones al Gobierno se refieran únicamente a la prostitución forzosa, respecto la cual, nuestro grupo parlamentario al igual que el resto de grupos parlamentarios, considera que hay que destinar todos los recursos posibles para erradicarla", explica.

Para Herrera, en los casos en que la prostitución es voluntaria "el Gobierno debería defender, aunque sea una minoría, sus derechos. Ejercer un trabajo que no existe convierte a las personas que lo practican en invisibles y no tienen ningún derecho laboral, social ni de ciudadanía, perpetuando su marginalidad, y facilitando la actuación de las mafias que trafican con personas".