El IEE, que en su informe lamenta que el Gobierno "haya renunciado nuevamente a ejercer su responsabilidad en el ámbito de la aprobación de los presupuestos", señala que, desde el punto de vista del gasto, existe cierta incertidumbre sobre cuál será su evolución final. "En cualquier caso, si se presentará un notable crecimiento frente al año 2023, año sobre el que se sustenta la prórroga presupuestaria, efectuada con un parlamento distinto", explicó el director del IEE, Gregorio Izquierdo.

Izquierdo advirtió que mientras el gasto corriente aumentará -el consumo público se situará en 13.000 millones de euros-, la inversión se va a mantener en una situación de atonía. Asimismo, afirmó que desde el año 2014 España ha entrado en una fase de deterioro del 'stock' de capital público y advirtió que haría falta 24.000 millones de euros al año. "El diferencial de inversión de España respecto a la Unión Europea es de un punto", recalcó

BAJA EL DEFICIT

Además, el IEE avisó de que el déficit público se está reduciendo debido a una subida de los impuestos. "Los ingresos públicos este año van a crecer en 37.000 millones, debido fundamentalmente al aumento del impuesto de sociedades y del IRPF", indicó el presidente del organismo, Iñigo Fernández de Mesa, quien lamentó la "escasa transparencia" con la que el Gobierno va a afrontar el aumento del gasto en Defensa del 2% del PIB. "En teoría el Gobierno indica que no se va a producir el aumento del gasto, el hecho de no tener presupuesto indica que no se puedan discutir la reordenación de las partidas", aseguró.

Asimismo, indicó que la ausencia de presupuestos lo que provoca es que no se pueda asegurar una reducción de la deuda pública en el largo plazo.

VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 134

Para el catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Castilla La Mancha Juan José Rubio, el Gobierno está cometiendo una "flagrante violación" del artículo 134 de la Constitución Española con esta prórroga presupuestaria. "Esa norma no se redactó con el fin de suprimir una falta de prescripción incierta de un presupuesto por por motivaciones políticas, sino que se hizo para resolver problemas de desajustes temporales por diversas razones"; afirmó Rubio, quien pidió elevar una queja al Constitucional y pidió poner medidas iguales a las de otros países para impedir que un gobierno ejerza su poder sin presupuestos de forma sistemática.

Entre las principales consecuencias que implica no tener presupuestos, Rubio indicó la incapacidad del gobierno para responder a nuevos desafíos o emergencias o las limitaciones de efectuar grandes planes de infraestructuras como el Corredor Mediterráneo, que afectan tanto a la ciudadanía como a las industrias auxiliares.

También afirmó que las empresas multinacionales que puedan establecerse en España podrían reconsiderar sus planes por la falta de un "marco presupuestario claro", especialmente si su actividad depende de licitaciones y contratos con el sector público.

Respecto a las comunidades autónomas, aseguró que limita la capacidad para gestionar los servicios públicos en las comunidades autónomas, limita la posibilidad de realizar inversiones a nivel regional ya que "no hay unos datos claros respecto a a lo que es la dotación presupuestaria asignada por el Estado" y "agrava las disparidades disparidades en productividad entre comunidades autónomas".

Por último, afirmó que la incapacidad para aprobar nuevos presupuestos muestra la existencia de un "gobierno débil". "Muestra un gobierno poco cohesionado, incapaz de abordar con garantía los retos de la sociedad española y con falta de autoridad frente a la ciudadanía y a otros actores políticos", sentenció.