Según confirmaron fuentes eclesiales a Servimedia, en el encuentro también se detallará "el trabajo realizado hasta la fecha por las oficinas para la prevención de abusos de las diócesis, las congregaciones y otras instituciones eclesiales".

Esta cita se producirá tras el viaje que Francisco protagoniza este fin de semana a Malta, el 36º que el Papa realiza fuera de Italia y el primero que emprende este 2022, y en el que como telón de fondo están la crisis migratoria, la guerra de Ucrania y también los abusos.

A la cita con Francisco en Roma acudirán el presidente de la CEE, el arzobispo de Barcelona, cardenal Juan José Omella; el vicepresidente y arzobispo de Madrid, cardenal Carlos Osoro; y el secretario general y obispo auxiliar de Valladolid, Luis Argüello.

TRABAJO REALIZADO

Francisco recibió a los distintos representantes de las diócesis españolas en varias tandas de reuniones entre los pasados diciembre y enero, dentro de las visitas 'ad limina' con las que la Santa Sede hace periódicamente una especie de 'auditoría' a las provincias eclesiásticas de todo el mundo. Tras su encuentro, el presidente de la CEE aseguró a la prensa que a Francisco y su entorno les parecía "bien" el trabajo que estaba realizando la iglesia española contra los abusos, cuando todavía no se conocía el encargo a un bufete de abogados que los obispos estaban cerrando para crear una comisión independiente de investigación.

Ahora, los prelados tendrán que explicar ese "recorrido" desde septiembre de 2018, cuando se puso en marcha el comité ejecutivo creó el primer grupo de trabajo para la implementación de nuevos protocolos y para preparar el encuentro que tuvo lugar en febrero 2019 entre los presidentes de las conferencias episcopales con el Papa.

La Conferencia Episcopal hizo públicos hace unas semanas un resumen de los datos recabados por las Oficinas de protección de menores durante su trabajo. Entre los 506 casos recogidos, 103 se refieren a personas de las que consta que ya han fallecido y más del 70% son casos del siglo XX. Las denuncias fueron sobre personas laicas (61), sacerdotes (105) y religiosos (342) además de algunas denuncias dirigidas sobre acusados desconocidos.

En relación al tiempo en que se produjeron los casos, en 69 casos no consta la fecha en que se produjeron; 28 son anteriores a 1960; 99 se produjeron entre 1960 y 1970; 106 entre 1970 y 1980; 84 entre 1980 y 1990; 41 entre 1990 y 2000; 17 entre 2000 y 2010; y 60 entre 2010 y 2020.

CULTURA DEL CUIDADO

Representantes de las 202 oficinas 'antiabusos' creadas en los últimos dos años por las diócesis, congregaciones religiosas y otras instituciones eclesiales se reunieron el pasado jueves en Madrid para coordinar su trabajo a través del servicio creado recientemente por la Conferencia Episcopal.

Según la CEE, estas oficinas "tienen la misión de estar con las víctimas y de estudiar e investigar sobre el terreno, desde la cercanía, toda información que llegue". A ello se suma la auditoría externa encargada al despacho Cremades & Calvo-Sotelo. "Esta estrategia reafirma la disposición de la Iglesia a colaborar con cualquier iniciativa que busque la verdad. Todas ellas encontrarán siempre, tanto en las oficinas como en toda la Iglesia, la mejor disposición para colaborar y arrojar luz sobre la verdad, que es el objetivo común", indicó el episcopado.

Durante la jornada, María José Díez, miembro del servicio de coordinación y asesoramiento para las oficinas diocesanas, habló sobre 'La víctima, su acogida y la identidad de sus heridas' y detalló los protocolos de formación y prevención y pidió que las oficinas 'antiabusos' promuevan "la cultura del cuidado" de los menores y las personas más vulnerables.

Según detalló, en las últimas dos décadas, la Iglesia española "ha atendido y acompañado" a personas que han sufrido abusos sexuales, "pero también de poder y de conciencia". El trabajo de abordaje de estos abusos, remarcó, debe ser "no sólo de atención", "sino de acogida y de acompañamiento, que es lo que tiene que diferenciar a la Iglesia de otros servicios que pueda haber".

Díez también se refirió la "necesidad de protocolos" para afrontar la "carencia" de líneas de actuación para que el trabajo sea "eficaz y diligente". Según confesó, por su experiencia detectó "una importante laguna sobre cómo actuar con los denunciantes" y otras dificultades como "la falta de concreción sobre cómo tiene que ser el trato con menores en actividades pastorales y formativas, dejándolo al sentido común, por lo que podrían surgir situaciones de riesgo".

Estas medidas de prevención, prosiguió, se tienen que implementar "en todas las instituciones eclesiásticas donde se realizan actividades formativas, pastorales y asistenciales, con niños y adolescentes, y personas en grave riesgo de vulnerabilidad, no sólo con personas incapacitadas judicialmente, sino también con personas con discapacidad".

Para la experta, asimismo, los protocolos deben incluir códigos de buenas prácticas y procedimientos de actuación al recibir una denuncia" y " modelos de acogida, escucha y comunicación".

"El objetivo es sensibilizar y aportar conocimientos y herramientas de protección, potenciar habilidades sociales y de comunicación, divulgar la cultura del cuidado a la infancia y personas vulnerables". Si se implementan estos protocolos, prosiguió, "se estaría reduciendo significantemente el riesgo de maltrato y abuso".

Díez también dijo que las oficinas no deben olvidarse de atender "a la persona" que hay en el victimario y trabajar con él para "reducir el riesgo de reincidencia y facilitar los apoyos para su reinserción cuando sea posible". Ese trabajo se haría, zanjó, "sin tomar en cuenta las medidas judiciales que se hayan podido tomar, como pudiera ser incluso la expulsión, pero esa persona también tiene que ser atendida".