En un comunicado, remitido por el departamento que dirige Ana Redondo, el Gobierno aseveró que "la vivienda constituye un elemento esencial para garantizar la protección, recuperación y autonomía de las mujeres víctimas de violencia de género y de sus hijas e hijos".

Igualdad destacó las medidas incluidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, así como las iniciativas recogidas en el recientemente aprobado Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, enfocadas a "facilitar la salida de esas familias de situaciones de violencia".

En concreto, desde el Ministerio de Igualdad recordaron que el Pacto de Estado incluye siete medidas orientadas a "garantizar recursos habitacionales adecuados, reforzar la protección residencial de las víctimas y eliminar barreras de acceso a la vivienda".

En este sentido, defendieron los ejes de acción definidos en el acuerdo estatal para asegurar que ninguna víctima permanezca con el agresor por carecer de una alternativa residencial. Así, recordaron que las víctimas de violencia machista deben ser reconocidas por las administraciones como colectivo prioritario en las políticas de vivienda protegida y social. Del mismo modo, las distintas administraciones deben velar por la eliminación de barreras burocráticas que dificulten su acceso y deben incorporar medidas específicas para mujeres con discapacidad, víctimas de trata, mujeres migrantes y familias con menores.

Por otra parte, recordaron que el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, perteneciente al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, aprobado por el Real Decreto 326/2026, de 22 de abril, configura un sistema de ayudas públicas orientado a facilitar el acceso y mantenimiento de una vivienda digna, con especial atención a los colectivos en situación de vulnerabilidad que debe garantizar el acceso preferente de las víctimas a programas de ayuda.

Entre otras medidas, el Plan incluye una cobertura hasta el 100% del coste del alquiler o uso de la vivienda, la posibilidad de incluir gastos asociados (suministros, comunidad, y otros gastos asociados como internet, etc.) y la opción de concesión hasta cinco años, con seguimiento social, y posibilidad de abonarse directamente a la persona propietaria o gestora de la vivienda, a víctimas de violencia de género.

Según destacó Igualdad, el Gobierno central "ha puesto a disposición de las comunidades autónomas los fondos para que, en el ámbito de la cogobernanza y la cooperación institucional, estas promuevan todas estas iniciativas encaminadas a erradicar la violencia de género y sus consecuencias también en materia de vivienda".