En concreto, Illa se enfrentó esta semana a su segundo debate de política general de Cataluña desde que es presidente de la Generalitat. Este debate tuvo lugar en un momento en el que el Gobierno catalán tiene que intentar convencer a sus socios, ERC y los Comuns, para poder sacar adelante los presupuestos autonómicos.

Además, la relación de Junts con el PSOE y el PSC se encuentra en un momento delicado. Los de Carles Puigdemont confirmaron que este otoño tomarán una decisión sobre la continuidad de la legislatura de Pedro Sánchez y avisaron a Illa de que en el debate de política general iban a pasar “cosas”.

Lo cierto es que tras los tres días que duró el debate de política general en Cataluña, Junts y el PSC han salido aún más distanciados. La portavoz de los de Puigdemont en el Parlament, Mònica Sales, señaló en sus redes sociales que “constatamos” que el Gobierno de Illa “no funciona” y que “Cataluña no va bien”.

PROPUESTAS

En materia de propuestas de resolución, sobre un 80% de los puntos presentados por ERC fueron aprobados, gracias al apoyo o la abstención del PSC, incluido el que instaba al Parlament a constatar “la existencia de un conflicto político entre el Estado español y Cataluña” y el que apostaba por impulsar un gran “acuerdo de país” para resolver el “conflicto político”.

Asimismo, aunque los socios de Gobierno de Illa le dieron un toque de atención al no apoyar su proyecto de vivienda, sí se pusieron de acuerdo para asegurar que Cataluña necesita un nuevo modelo de financiación. ERC le volvió a avisar de que sin una financiación singular para esta comunidad no habrá presupuestos ni autonómicos ni estatales.

Sin embargo, el resultado para Junts fue distinto, ya que los partidos rechazaron varias de sus propuestas de resolución, como la que apostaba por la celebración de un referéndum de Cataluña o la que proponía un sistema de financiación en forma de concierto económico, que contó con el voto en contra del PSC.

DECISIONES

Los socialistas catalanes sí apoyaron la iniciativa de Junts que instaba al Gobierno de Illa a exigir al de Pedro Sánchez el cumplimiento “sin más dilaciones” de los compromisos políticos “pendientes de materialización”, como permitir el uso de remanentes a los ayuntamientos o activar los recursos económicos para las personas con ELA.

Pese a ello, los de Carles Puigdemont siguen sin confiar en el Ejecutivo de Illa y este debate les ha servido para constatarlo aún más. Junts tiene aún dos meses para decidir si da por acabado o no el acuerdo de Bruselas firmado con el PSOE hace casi dos años para la investidura de Pedro Sánchez. Se han puesto de plazo antes del 21 de diciembre.

Por el momento, Junts tendrá que hacer una valoración de todos los puntos aprobados y rechazados, sacar conclusiones generales de este debate de política general y, finalmente, “tomar las decisiones que correspondan”. Aseguran que una vez las tengan tomadas, las harán públicas.