Así consta en las enmiendas conjuntas del PSOE y Unidas Podemos a la proposición de Ley para crear el impuesto temporal a la banca y a las energéticas, consultadas por Servimedia.

En el texto se incluye que el impuesto a la banca recaerá no solo sobre las entidades de crédito y establecimientos financieros con ingresos por intereses y comisiones superiores a 800 millones de euros, sino también a las entidades supervisadas directamente por el Banco Central Europeo (BCE) con fecha 1 de enero de 2023, “así como las sucursales establecidas en territorio español de entidades de crédito extranjeras sujetas a supervisión directa por el Banco Central Europeo en la citada fecha, cualquiera que sea la suma de sus ingresos por intereses y comisiones”.

Otra enmienda introduce los fines para los que se destinarán los ingresos del impuesto a las energéticas -apoyo a hogares vulnerables y a empresas de gran consumo energético e impulso de la autonomía energética de España-.

Respecto a este gravamen, se propone añadir que recaerá sobre los "operadores principales", así como sobre "las personas o entidades que desarrollen en España actividades de producción de crudo de petróleo o gas natural, minería de carbón o refino de petróleo y que generen, en el año anterior al del nacimiento de la obligación de pago de la prestación, al menos el 75 por ciento de su volumen de negocios a partir de actividades económicas en el ámbito de la extracción, la minería, el refinado de petróleo o la fabricación de productos de coquería".

IMPUESTO A LAS GRANDES FORTUNAS

En la proposición, el Gobierno incluye el impuesto temporal llamado “de solidaridad” para personas físicas con un patrimonio superior a los tres millones de euros. La finalidad es “recaudatoria, a fin de exigir, en estos tiempos de crisis energética y de inflación, un mayor esfuerzo a quienes disponen de una mayor capacidad económica”, y también “armonizadora, con el objetivo de disminuir las diferencias en el gravamen del patrimonio en las distintas comunidades autónomas”, según apuntan PSOE y Unidas Podemos.

Destacan que la configuración del nuevo impuesto “coincide básicamente con la del Impuesto sobre el Patrimonio, tanto en cuanto a su ámbito territorial, exenciones, sujetos pasivos, bases imponible y liquidable, devengo y tipos de gravamen, como en el límite de la cuota íntegra” y el “carácter de complementario” al impuesto de Patrimonio se produce en la deducción de la cuota de éste, para evitar la doble imposición.

Aunque el texto señala que la vigencia de este impuesto es de dos años, 2023 y 2024, “el Gobierno efectuará una evaluación para valorar los resultados del impuesto y proponer, en su caso, su mantenimiento o supresión”.

El Impuesto se devengará el 31 de diciembre de cada año y afectará al patrimonio neto del cual sea titular el sujeto pasivo en dicha fecha.

El nuevo impuesto se aplicará a todo el territorio español y no podrá ser cedido a las regiones. Estarán exentos los bienes y derechos exentos del Impuesto sobre el Patrimonio y en el supuesto de obligación personal, la base imponible se reducirá, en concepto de mínimo exento, en 700.000 euros.

POSTURA DEL PP

Desde el PP, en cambio, reproducen en su enmienda al impuesto a las grandes energéticas el reglamento que la Unión Europea confeccionó de cara a establecer una “contribución solidaria temporal” por parte de las compañías que operen en los sectores del petróleo crudo, el gas natural, el carbón y la refinería.

Así, y a diferencia de lo que pretenden PSOE y Unidas Podemos, el principal partido de la oposición quiere que las compañías energéticas cuyos beneficios imponibles hayan aumentado en un 20% durante el ejercicio fiscal de 2022 y/o 2023 –en comparación a la media de sus ganancias anuales desde 2018– “contribuyan” con el 33% de esos beneficios extraordinarios.

Fuentes populares advirtieron de que hay múltiples “riesgos” que desaconsejan seguir por la senda del Ejecutivo y se mostraron seguros de que su gravamen será impugnado a medio plazo en los tribunales. Por ello, aconsejaron al Gobierno copiar “lo que dice Europa”. “Y no tendremos ningún problema”, concluyeron.

Respecto al impuesto a la banca, los populares proponen reemplazarlo por un fondo participado “principalmente” por las entidades financieras y el Estado. La medida, que fue anunciada la semana pasada por Alberto Núñez Feijóo, estaría destinada a las rentas bajas que no pueden hacer frente a la hipoteca y se negociaría con el sector.

Desde Génova se mostraron seguros de que “sería relativamente sencillo” llegar a un acuerdo con las entidades financieras “porque el interés es compartido”. En este sentido, indicaron que el Estado financiaría parte del fondo y los bancos evitarían impagos.