Una de las principales demandas de esta convocatoria, que tendrá lugar el próximo jueves 29 de mayo a las 12.30 horas bajo el lema “Accesibilidad denegada. Con la vivienda no se juega”, es la aprobación de la nueva redacción del artículo 10.1.b) de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), actualmente en tramitación parlamentaria.

Según Impulsa Igualdad, la normativa vigente, que supedita las obras de accesibilidad al consenso vecinal y a límites económicos restrictivos, ha demostrado ser insuficiente para garantizar el derecho fundamental a la accesibilidad universal. "A día de hoy, miles de personas con discapacidad o mayores de 70 años siguen atrapadas en sus casas, sin poder salir a la calle, por la negativa de sus comunidades a llevar a cabo obras de accesibilidad (instalar un ascensor, una rampa o una plataforma elevadora)", protestó la confederación.

La reforma propuesta en el anteproyecto de las modificaciones de las leyes de Dependencia y Discapacidad supone "un avance estructural que pone fin a la desigualdad territorial de la accesibilidad en España". El texto, además, propone reformar la Ley de Propiedad Horizontal con el fin de garantizar una vivienda digna y accesible. Entre sus principales mejoras, Impulsa Igualdad destaca la obligación legal de realizar obras de accesibilidad cuando existan ayudas públicas suficientes, sin depender de decisiones asamblearias; la eliminación del límite rígido de doce mensualidades de gastos comunes, permitiendo una financiación más flexible y progresiva; el reconocimiento del derecho a acudir a la vía judicial en caso de inacción vecinal; y la previsión expresa de fondos públicos destinados a garantizar estas actuaciones en todo el territorio.

Así pues, Impulsa Igualdad denuncia que "el actual bloqueo parlamentario impide que esta reforma se apruebe, a pesar de contar con el respaldo del movimiento asociativo, las recomendaciones internacionales y los principios constitucionales recientemente actualizados. La aprobación definitiva depende del apoyo político, el cual todavía no se ha producido".

SIN VIVIENDAS NUEVAS ACCESIBLES

Por otro lado, la organización también lamenta que la actual normativa que regula la edificación de obra nueva —bajo la que se ha construido únicamente el 20% del parque de viviendas existente— "solo exige condiciones de accesibilidad en los espacios comunes de los edificios, como portales, ascensores o garajes". Sin embargo, "no garantiza que el interior de las viviendas sea accesible para personas con movilidad reducida, salvo en el caso de promociones de vivienda protegida, un tipo de oferta que en la práctica es residual".

Impulsa Igualdad protesta porque "la limitación legal ha derivado en una oferta prácticamente inexistente de pisos accesibles en el mercado inmobiliario, tanto de compra como de alquiler". Una persona con discapacidad que necesita un entorno adaptado (con pasillos amplios, baños accesibles, cocinas sin barreras o puertas practicables) se ve obligada a afrontar reformas integrales tras la compra o el arrendamiento, con un coste económico inasumible en la mayoría de los casos, añade.

"El resultado es una exclusión silenciosa del mercado de la vivienda, sin poder ejercer el derecho a elegir libremente dónde y cómo vivir. Esta falta de accesibilidad vulnera el principio de igualdad de oportunidades y evidencia la necesidad urgente de actualizar los requisitos normativos de la edificación, incorporando la accesibilidad universal como criterio básico y obligatorio en todas las nuevas promociones residenciales, independientemente de su régimen de protección", expone la confederación.

DENTRO DE CASA

Actualmente, miles de personas no pueden vivir de forma autónoma por la existencia de barreras físicas que impiden su movilidad dentro de sus propias viviendas. Cocinas, baños, pasillos, dormitorios o sistemas de control doméstico presentan barreras que hacen imposible la autonomía personal. En España no existe actualmente un sistema estatal estable de ayudas para obras interiores de accesibilidad, lo que provoca una grave discriminación económica.

Impulsa Igualdad reclama la puesta en marcha de un programa nacional de rehabilitación accesible que incluya subvenciones para adaptar viviendas particulares con criterios de accesibilidad universal, asistencia técnica gratuita o bonificada para evaluar y planificar las obras necesarias e integración de la accesibilidad como criterio obligatorio en todas las promociones de vivienda pública.

"No se trata de un problema puntual, sino de una exclusión estructural normalizada que vulnera el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada. La falta de accesibilidad en el ámbito residencial impide ejercer otros derechos fundamentales como la participación social, la vida independiente o la igualdad de oportunidades", concluye Impulsa Igualdad, que considera que "es urgente transformar esta situación a través de reformas legislativas ambiciosas y programas públicos de rehabilitación que garanticen que nadie quede encerrado en su propia casa".