La organización valoró positivamente la iniciativa de la compañía ferroviaria de mejorar la eficiencia y la calidad del servicio en situaciones de incidencias o cortes ferroviarios mediante la creación de una nueva sociedad para operar transporte por carretera. No obstante, advirtió de que esta transformación “no puede dejar fuera a una parte de la ciudadanía ni incumplir la normativa vigente en materia de accesibilidad”.

En este sentido, recordó la obligación de cumplir el Real Decreto 1544/2007 y la legislación sobre derechos de las personas con discapacidad, subrayando que la accesibilidad “no es un añadido”, sino un requisito básico del servicio público.

Desde la entidad alertaron de que, en la práctica actual, las personas en silla de ruedas “encuentran serias dificultades para completar sus trayectos cuando deben realizar transbordos en autobús”. Según señalaron, en muchos casos las plazas adaptadas no están disponibles o aparecen bloqueadas, lo que impide viajar en igualdad de condiciones.

A su juicio, esta situación evidencia un problema estructural relacionado con la falta de vehículos accesibles en los servicios alternativos, lo que provoca la exclusión de facto de personas con discapacidad de un servicio esencial como el transporte público.

El nuevo contrato, con una duración de hasta 15 años y una previsión de entre 50 y 100 autobuses, que podría alcanzar picos de hasta 500 vehículos diarios, representa, según Impulsa Igualdad, “una oportunidad para corregir esta brecha”.

Por ello, la entidad planteó una serie de exigencias en el proceso de adjudicación del socio que operará la nueva sociedad, entre ellas la inclusión de criterios obligatorios de accesibilidad, una flota suficiente de vehículos adaptados, la disponibilidad efectiva de plazas para personas con movilidad reducida y la implantación de mecanismos de control y sanción ante posibles incumplimientos.

Asimismo, reclamó que se garantice una información clara y accesible a las personas usuarias sobre las condiciones de los servicios alternativos.

Impulsa Igualdad concluyó que el transporte es “un servicio público esencial” y que la falta de accesibilidad “vulnera el derecho a la igualdad de oportunidades y a la movilidad de las personas con discapacidad”, por lo que instó a Renfe a liderar un modelo inclusivo “que no deje a nadie fuera”.