La entidad reclamó, además, que la Ley del IRPF declare “exentas” estas ayudas cuando se destinen a la vivienda habitual, con el fin de evitar que supongan “una penalización económica para quienes dependen de ellas para vivir con autonomía”.

Según explicó la organización, la situación actual responde a la falta de un reconocimiento específico de estas ayudas, que en muchos casos se integran en programas generales de rehabilitación, regeneración urbana o eficiencia energética.

Como consecuencia, estas prestaciones son gravadas por Hacienda como si se tratara de mejoras voluntarias del inmueble, cuando en realidad responden a necesidades básicas vinculadas a la accesibilidad y la autonomía personal.

Para corregir esta situación, Impulsa Igualdad planteó dos medidas: “incorporar en el Plan Estatal de Vivienda una categoría específica de ayudas de accesibilidad ligadas a discapacidad y establecer su exención fiscal en el IRPF” cuando se destinen a la vivienda habitual.

La entidad subrayó que actuaciones como la ampliación de puertas, la adaptación de baños o la instalación de rampas no buscan revalorizar el inmueble, sino “permitir que las personas puedan entrar, salir o moverse dentro de su hogar en condiciones de seguridad”.

Asimismo, recordó que España mantiene compromisos internacionales en materia de accesibilidad y vida independiente recogidos en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.

“La accesibilidad no es un lujo ni una mejora opcional, sino una condición imprescindible para vivir con autonomía. Convertir estas ayudas en una carga fiscal resulta injusto y contradictorio con las políticas de igualdad de oportunidades”, señaló la organización.

Impulsa Igualdad instó al Ministerio a actuar “con responsabilidad y coherencia” para corregir una situación que, a su juicio, afecta directamente al derecho de muchas personas con discapacidad a vivir de forma independiente.