Según explicó la entidad, este acuerdo, que expira este año, es la principal vía de financiación de los programas que desarrollan las entidades del tercer sector en todo el país.

El modelo actual, que establece un reparto del 80% para las comunidades autónomas y del 20% para la convocatoria estatal, permitió asegurar la estabilidad económica de miles de iniciativas sociales. Impulsa Igualdad defendió que su continuidad es “esencial” para planificar a medio plazo, mantener servicios imprescindibles y reforzar la respuesta del tejido asociativo a las necesidades de las personas con discapacidad.

La entidad recordó que este sistema de reparto trajo “paz jurídica y política” tras años de conflictos y litigios, y advirtió del riesgo que supondría volver a un escenario de incertidumbre. Por ello, reclamó que se mantenga el modelo vigente, que demostró ser “equilibrado, funcional y aceptado” por todas las partes implicadas.

A escasos meses de su vencimiento, Impulsa Igualdad exigió “responsabilidad institucional y agilidad” en los procesos políticos y administrativos para garantizar que la renovación del acuerdo llegue a tiempo. Retrasar esta decisión “comprometería la actividad de las entidades sociales y pondría en peligro” la atención directa a millones de personas en situación de vulnerabilidad.

La organización subrayó que asegurar esta financiación no es solo una cuestión técnica o presupuestaria, sino una decisión política que afecta directamente a la garantía de derechos, la inclusión social y la cohesión territorial.