De esta campaña forman parte Salud por Derecho, Médicos del Mundo, Organización de Consumidores (OCU), Federación de Consumidores y Usuarios (CECU), Asociación por un Acceso Justo al Medicamento (AAJM) y No Gracias.

Hicieron esta reclamación en una carta dirigida al titular de Sanidad y en la que consideraron que el Gobierno "tendrá la oportunidad de trabajar asuntos cruciales en salud que ahora mismo están sobre la mesa y que, tras la crisis de la Covid-19, han cobrado aún más importancia”, convencidas de que ambas cuestiones “marcarán la política y el futuro de la UE” en aspectos relativos al acceso y la asequibilidad de los medicamentos; así como a la innovación, producción o regulación de las tecnologías sanitarias.

Tras recordar que el “principal objetivo” que les mueve es mejorar la política farmacéutica y el actual sistema de innovación “en aras de la transparencia, la eficacia, la calidad, la accesibilidad y la asequibilidad de los medicamentos y de todas las tecnologías sanitarias”, las entidades incidieron en la importancia de “abordar la salud global aprendiendo de los errores y evidencias” que, durante la pandemia, han supuesto las “barreras” al acceso, la asequibilidad de los medicamentos y de las vacunas, así como aspectos relacionados con la innovación, la producción o la regulación, entre otros.

Por lo que se refiere a la Estrategia Farmacéutica Europea, pidieron que Miñones “asuma como prioridad” de su departamento “acelerar” la propuesta de regulación farmacéutica y la directiva presentadas por la Comisión, permitiendo la “continuidad” del proceso de manera que se puedan “avanzar” los trabajos durante este año y “garantizar el principio de acceso y asequibilidad de medicamentos seguros y eficaces, así como el interés general por encima de cualquier otro”.

Junto a ello, le reclamaron la adopción de “todas las medidas necesarias” para “asegurar” la “transparencia” en lo que se refiere a los costes de I+D en las etapas del proceso de desarrollo y producción de medicamentos y tecnologías sanitarias, así como promover criterios de interés público para toda la financiación pública invertida en innovación y desarrollo de tecnologías sanitarias y reducir la duración de los actuales incentivos a la comercialización exclusiva relacionados con protección de datos.

Además, abogaron por “desestimar” incentivos a la propiedad intelectual adicionales, como los bonos de exclusividad transferible, para abordar el desarrollo de nuevos antibióticos y por “priorizar y defender” las “necesidades” de salud pública y de los pacientes e introducir cambios en el marco legislativo actual que aborden los desabastecimientos y “garanticen el aseguramiento permanente de un medicamento”.

ESTRATEGIA DE SALUD GLOBAL EUROPEA

En cuanto a la Estrategia de Salud Global Europea estimaron que la estrategia debe abordar el acceso a medicamentos y tecnologías sanitarias y, para ello, deben contemplarse nuevas medidas para todos aquellos aspectos que representan una “barrera”.

En paralelo, advirtieron de que la política de I+D en salud global debe contemplar las necesidades de las personas, con un incremento presupuestario que vincule los resultados de dicha innovación a su acceso global, la asequibilidad en el precio, la transparencia y una propiedad intelectual compartida, así como el fomento de otros modelos de innovación alternativos e independientes de la propiedad intelectual con capacidad de producción global y de transferencia.