Se trata de Justo Vicente Pelegrini, ya fuera de la empresa, y de Tomás Olarte y Manuel José García Alconchel, que le informaban directamente y que han sido recientemente suspendidos por la compañía.

El instructor Leopoldo Puente, les citó a declarar tras recibir el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que recogía el resultado de los registros realizados en dependencias de Acciona en Madrid, Bilbao y Sevilla.

En ese informe la Guardia Civil encontró documentación que contiene indicios de que “aparentemente” pudo haber "indebida adjudicación de determinadas obras públicas”, en las que pudieron estar involucrados estor tres directivos de la empresa. Esas adjudicaciones se materializaron después en acuerdos con la empresa Servinabar, presuntamente vinculada a Santos Cedán, y que participó en varias de las obras adjudicadas de las que se quedaba con un 2% del su coste total.

El inicio de la relación entre ambas empresas data de 2015, momento en que Pelegrini y Antxon Alonso, administrador de Servinabar y socio de Cerdán, firmaron un acuerdo de colaboración para "explotar futuras oportunidades de negocio".