De esa cantidad, 31.329,8 millones de pesetas corresponden a prestaciones condedidas como consecuencia de una situación de insolvencia de la empresa provocada por una suspensión de pagos, quiebra o fuerza mayor.

El resto, 2.584,7 millones de pesetas, corresponde a los pagos efectuados en aplicación del artículo 33.8 del Estatuto de los Trabajadores, que mandata al FOGASA para que abone el 40 por ciento de la indemnización legal que correponda a los trabajadores de empresas con menos de 25 empleados cuyo contrato se extinga por causas tecnológicas, económicas o de fuerza mayor.

Por comunidades autónomas, las indemnización más cuantiosas correspondieron a Cataluña (7.810,7 millones de pesetas), Valencia (7.363,6 millones), País Vasco (4.103,1 millones) y Madrid (3.706 millones).

De los trabajadores beneficiarios de estas prestaciones, 20.282 trabajaban en Cataluña, 19.732 en Valencia, 11.303 en Madrid y 7.957 en el País Vasco.

Las indemnizaciones del FOGASA confirmaron en 1990 una tendencia a la reducción iniciada en 1987, coincidiendo con la recuperación económica.

Su evolución en los últimos años ha sido la siguiente: 47.905,1 millones en 1985, 52.465,6 millones en 1986, 70.858,7 millones en 1987, 50.682 millones en 1988, 43.629 millones en 1989, y 33.914,5 millones entre enero y octubre de 1990.