La alianza subraya en un comunicado de que la IRA compromete un gasto de 437.000 millones de dólares en los próximos 10 años en Estados Unidos, de los que 369.000 se concentrarán en un programa de acción climática a través de créditos fiscales y ayudas directas.

Según la alianza, “la IRA influirá de manera clara en las decisiones de inversión de los principales sectores industriales de alta intensidad, poniendo en riesgo tanto las futuras inversiones en Europa como la continuidad de las cadenas de suministro”.

A juicio de las patronales industriales españolas, esta iniciativa del Gobierno Biden "impacta sin paliativos" en las decisiones de inversión de las compañías industriales, especialmente al conjugarse junto a dos factores muy relevantes y ya existentes: un elevado diferencial de precios energéticos y la ausencia de un mercado nacional de derechos de emisión, ya que en Estados Unidos solo existen dos mercados (RGGI, que afecta a 12 estados del Nordeste, y California), con los precios del CO2 entre tres y siete veces menores a los actuales en la Unión Europea.

El comunicado advierte en concreto de que la ley IRA influirá de manera fundamental en las inversiones de los principales sectores productivos de alta intensidad energética como siderurgia, metal, química, refino, papel y minerales no metálicos, así como en la automoción, “poniendo en riesgo no sólo las futuras inversiones, sino también la continuidad de las cadenas de suministro, pudiendo generar una dependencia europea sobre materias primas esenciales similar a la que la economía productiva europea ya soporta respecto al gas natural, el petróleo o los minerales críticos”.

LEY DE INDUSTRIA

Ante esta situación, la alianza reclama “una acción decidida por parte de las autoridades europeas, no solo para establecer mecanismos de apoyo a la inversión similares en el conjunto de la Unión Europea, y no solamente en algunos países, sino también para el desarrollo de una política industrial propia, basada en el incentivo y no exclusivamente en la regulación o, en ocasiones, la penalización”.

A su entender, esta política industrial se debe traducir en España en una ley de Industria con mecanismos potentes, donde se integren tanto las actividades industriales existentes como las nuevas oportunidades que surjan de los procesos de descarbonización, circularidad o digitalización.

La revisión de la situación industrial de Europa respecto a Estados Unidos y la IRA debería pasar también, en su opinión, por abordar ágilmente otras reformas, como las que garanticen precios energéticos competitivos porque los consumidores europeos no se están beneficiando de los menores costes de generación de las tecnologías renovables, y revisar el funcionamiento del mercado de derechos de emisión para limitar la ingente afluencia de especuladores que distorsionan el precio.