Así lo advirtió este miércoles el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, en declaraciones a los medios de comunicación realizadas al término de la reunión plenaria de la comisión técnica preparatoria de la próxima conferencia sectorial y en las que volvió a reclamar el “consenso entre administraciones” en torno a una “cuestión tan importante”.

“Este gobierno lo que va a hacer es, si no puede ser por consenso, y hemos visto que se nos ha pedido que retiráramos del orden del día los puntos relacionados con buscar ese mecanismo de consenso en el marco de la conferencia sectorial, el real decreto ley va a seguir operando”, apostilló.

En este contexto, Pérez lamentó que, “mientras” comunidades autónomas y Ejecutivo central mantenían esta “discusión”, un nuevo “trágico siniestro interpela al conjunto de las administraciones públicas”.

Tras puntualizar que, mientras se producía este “eterno debate”, el mundo “sigue moviéndose”, quiso “agradecer” a las autonomías que hayan “entendido que siguen llegando menores” y que la situación en Canarias y Ceuta “sigue siendo dramática”.

CADÉVERES QUE INTERPELAN

“Hoy conocemos de manera descarnada lo que pasa con la migración cuando ponemos todo tipo de trabas y criminalizamos a una parte importante de estas personas”, criticó, al tiempo que denunció que “ya hay cadáveres en La Restinga que, desde luego, nos interpelan”.

En este sentido, explicó que en dicha reunión el Gobierno ha trasladado una “proyección” de lo que “entiende” que tiene que ser la capacidad “ordinaria” de los sistemas y consideró que establecer 32 plazas por 100.000 habitantes es una ratio “perfectamente asumible” y subrayó que, “sobre eso”, en el caso de aquellas comunidades autónomas que puedan declarar una “contingencia migratoria”, se establecerá el “criterio de actuación” del real decreto, si bien llamó a “no aventurar nada” hasta contar con “datos contrastados” que permitan establecer qué autonomías entrarían en ese escenario.

A este respecto, indicó que hay comunidades autónomas que han aportado datos “que no se corresponden a los solicitados” porque no han “interpretado bien” la petición, razón por la cual el Ejecutivo les ha “emplazado” a que proporcionen los datos que “ha pedido la administración” y puso como ejemplo a Madrid y Cantabria.

En este punto, reconoció que hay una media “importante” de ocupación de los sistemas de protección por parte de estos menores migrantes no acompañados, pero rechazó que puedan ocupar “el 90% del sistema de protección, como algunas comunidades han trasladado”, y destacó que los 17 sistemas de protección y los de las dos ciudades autónomas tienen una capacidad ordinaria que supera las 10.000 plazas.

Tras recordar que la previsión del Ejecutivo sigue siendo “empezar los primeros traslados en verano”, avanzó que a la conferencia sectorial irá “con los mecanismos que funcionan en caso de que no se consiga unanimidad" y no descartó que el PP incluso sea “capaz de poner problemas en la aprobación de actas de cuestiones que han formulado”.