Bajo el título 'Informe sobre la admisibilidad de la inimputabilidad penal de las personas con discapacidad a la luz de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad', el estudio ha sido redactado por la Clínica Jurídica de Derechos Humanos Javier Romañach del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba, de la Universidad Carlos III de Madrid, y desarrollado durante el año 2025, para su difusión en 2026.

El informe, que se ha elaborado a instancia del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), parte de los avances normativos producidos en España en los últimos años, especialmente la reforma del Código Civil a través de la Ley 8/2021 y la modificación del artículo 49 de la Constitución, que han reforzado el principio de que todas las personas, incluidas las personas con discapacidad, tienen plena capacidad jurídica. No obstante, la clínica comprueba que persisten disposiciones en el ámbito penal sustantivo y procesal que resultan incompatibles con este principio, al mantener enfoques asistencialistas, estigmatizantes o discriminatorios.

En este sentido, el estudio propone una revisión profunda del modelo de inimputabilidad penal vigente, cuestionando el actual esquema mixto y su encaje con el paradigma social de la discapacidad y el enfoque de derechos humanos de la Convención.

RECOMENDACIONES

Entre las principales recomendaciones destaca la eliminación del presupuesto psiquiátrico de la inimputabilidad, manteniendo únicamente un presupuesto psicológico, formulado de manera neutral, basado en la capacidad de la persona para comprender la ilicitud del hecho y actuar conforme a dicha comprensión en el momento de su comisión. Este cambio permitiría desvincular la inimputabilidad de diagnósticos de discapacidad o de salud mental, contribuyendo a reducir la sobrerrepresentación de estas personas en las declaraciones de inimputabilidad.

El informe subraya la necesidad de eliminar referencias legales estigmatizantes, como las alusiones a anomalías o trastornos, así como categorías jurídicas discriminatorias como la peligrosidad, y sustituirlas por un enfoque centrado en las necesidades de apoyo, la resocialización y la inclusión comunitaria. En coherencia con la Convención, se apuesta por priorizar medidas de seguridad no privativas de libertad, basadas en apoyos psicosociales comunitarios, programas formativos, laborales y culturales, frente al internamiento forzoso.

Desde el modelo social de la discapacidad, el informe defiende que la inimputabilidad debe abordarse respetando en todo momento la capacidad jurídica de las personas, eliminando expresiones como “no apto para ser juzgado” o “incapaz de defenderse”, y garantizando el acceso efectivo a la justicia mediante apoyos adecuados y ajustes de procedimiento.

OPERADORES JURÍDICOS

Según informó el Cermi, en el estudio también se alerta sobre la insuficiente formación de los operadores jurídicos en derechos de las personas con discapacidad y sobre la grave falta de detección temprana de la discapacidad en los procedimientos penales, lo que provoca que muchas personas afronten procesos judiciales sin los ajustes necesarios.

Asimismo, el informe evidencia importantes déficits en el derecho a la información accesible, en todos los formatos y soportes, incluyendo el uso de la lectura fácil, tanto en fases policiales y judiciales como en el ámbito penitenciario, así como carencias en el acceso a una asistencia letrada verdaderamente adaptada a la discapacidad, lo que puede derivar en vulneraciones graves de derechos fundamentales.

Entre otras propuestas, el estudio plantea la creación de un estatuto de la persona imputada, similar al existente para las víctimas, el refuerzo de la coordinación entre los distintos agentes del sistema de justicia, el impulso de programas de justicia restaurativa para personas inimputables y una formación especializada en derechos humanos y discapacidad dirigida a peritos psiquiátricos y forenses. Igualmente, se aboga por políticas públicas inclusivas y preventivas, de carácter educativo, social y sanitario, que reduzcan situaciones de exclusión y vulnerabilidad.

La publicación de este Informe se enmarca en las actividades impulsadas por Cermi Estatal para conmemorar el 20º Aniversario de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se celebra este año 2026, reafirmando el compromiso del movimiento con una justicia penal inclusiva, respetuosa con la dignidad, la autonomía y la igualdad de todas las personas, y con el fortalecimiento de alianzas estratégicas con el ámbito académico para avanzar en la plena aplicación de este instrumento internacional de derechos humanos en España.

"Esta clínica, fruto de la colaboración entre la academia y el movimiento social de la discapacidad, pone de relieve el papel estratégico de las clínicas jurídicas universitarias para la discapacidad organizada, al constituirse como espacios de análisis jurídico avanzado, formación comprometida y producción de propuestas normativas alineadas con el enfoque de derechos humanos", destacaron desde Cermi.

En este sentido, explicaron, "la metodología clínica permite conectar el conocimiento académico con las demandas reales de las personas con discapacidad, de sus familias y de sus organizaciones representativas, contribuyendo de manera directa a la mejora de la legislación, de las políticas públicas y del sistema de justicia."