El análisis muestra que el 31% de la población ocupada ya supera los 50 años, mientras que los menores de 30 apenas representan un 15%. Este desajuste afecta a todos los niveles educativos, sectores productivos y comunidades autónomas, pero especialmente a las del norte peninsular. Asturias, por ejemplo, registra la tasa más elevada de envejecimiento ocupacional, con una brecha del 314,8%, lo que quiere decir que el número de trabajadores mayores triplica al de jóvenes. Otras autonomías como Castilla y León, Cantabria o Galicia, también se acercan a esos porcentajes.

El desajuste afecta prácticamente a todos los sectores, aunque de un modo desigual, reflejando que ámbitos estratégicos como la Administración Pública sufren con más fuerza el problema generacional- por cada 100 jóvenes hay 690 personas mayores de 50 años-. Le siguen actividades del hogar y la industria manufacturera. En el lado contrario se sitúan actividades como la hostelería, la información y las comunicaciones, o las recreativas y culturales, que logran atraer a más jóvenes convirtiéndose en los tres únicos sectores donde la brecha generacional no alcanza el 100%.

Todos los grupos ocupacionales de la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CON) presentan déficit de personas jóvenes- sin tener en cuenta las ocupaciones militares-, destacando el grupo de artesanos y trabajadores cualificados de industrias manufactureras, donde la brecha es de medio millón, o las Ocupaciones elementales, con 430.000.

Sin embargo, si en lugar de la cantidad, se analiza la brecha generacional, se ve que el capítulo de directores y gerentes registra la más elevada, de un 1178%, lo que quiere decir que, por cada joven en uno de esos puestos, hay 11 personas mayores de 50 años.

OPORTUNIDADES POR JUBILACIÓN

Ese contexto justifica uno de los datos clave del estudio, el que muestra que, en los próximos años, hasta 2035, la mayor parte de las oportunidades de empleo que se generen serán por remplazo de trabajadores que se jubilan, en concreto el 81%, lo que refuerza aún más la urgencia de contar con profesionales formados que aseguren el relevo generacional en sectores clave.

Ante este escenario, la Formación Profesional emerge como una herramienta clave para hacer frente al reto demográfico. Especialmente la FP de Grado Superior, que presenta el menor índice de envejecimiento de todo el sistema educativo, lo que demuestra su capacidad para insertar a los jóvenes en el mercado laboral de manera rápida y eficaz.

La FP también es esencial para aprovechar el potencial de cerca de un millón de jóvenes de entre 16 y 30 años que se encuentran desempleados, de los que una parte ni estudia ni trabajan. Casi la mitad de todos ellos no han podido superar la Educación Superior Obligatoria por lo que la FP emerge como una medida fundamental para dotarles de herramientas que les permitan incorporarse al mercado.

A ello hay que añadir, el potencial de la FP para facilitar la integración del colectivo de extranjeros. Su peso en la población ocupada ha aumentado casi 6 puntos porcentuales en los últimos años hasta alcanzar el 17,6% actual.

Muchos llegan sin reconocimiento oficial de sus cualificaciones por lo que la FP al ofrecer itinerarios cortos, certificables y orientados al empleo se convierte en una vía eficaz de inserción sociolaboral rápida, alineación entre talento joven y déficit de perfiles técnicos y reducción de la informalidad y exclusión laboral en colectivos vulnerables.

Esto se suma a que, en zonas rurales, despobladas o con baja densidad poblacional, la FP puede contribuir a fijar población joven (por ejemplo, a través de programas duales vinculados al tejido empresarial local), desarrollar capital humano técnico (por ejemplo, esquemas híbridos 'online' y presencial), sin necesidad de migración hacia polos urbanos, y revitalizar sectores tradicionales mediante nuevas competencias.