El juzgado considera probado que Arnaldo Guardiola Oliver, policía local de profesión, colocó en el coto de la finca Son Forteza (Mallorca), de la que era cazador aficionado, múltiples trozos de carne impregnados con productos químico de alto poder letal, con el fin de eliminar cualquier tipo de depredadores que pudieran perjudicar las piezas de la actividad cinegética a la que se dedicaba.

instancias del dueño de una de las fincas colindantes, entre el 21 y el 27 de mayo de 1999, el Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil encontró en el coto Son Forteza diversos cebos envenenados, así como cinco gatos muertos, propiedad de otro vecino, por la ingesta de los mismos.

Para el juzgado, los hechos descritos son constitutivos de un delito contra la fauna y la flora previsto en el artículo 336 del Código Penal, que castiga el uso de veneno que causa grave daño ecológico, a eces irreversible.

Según la sentencia, al colocar tales cebos envenenados se aumentó el riesgo para la vida de determinadas especies animales, como las aves rapaces, que, aunque no anidan en la zona, si transita y se alimentan en ella, con lo que pudieron comer de las trampas.

Para condenarle, el tribunal tiene en cuenta que el acusado ayudó a la Guardia Civil a localizar los cebos envenenados, algunos previamente hallados por la Benemérita.

"Si conocía el lugar donde estaban los cebos era prque los había colocado o consentido su colocación", dice la sentencia. "El móvil no podía ser otro que poder beneficiarse de la caza cuando llegase la temporada, eliminando los depredadores, esencialmente gatos, lo que efectivamente consiguió".

Además, el tribunal recuerda que uno de los vecinos pidió al acusado que dejase de usar cebos envenenados, pero que hizo caso omiso, "lo que no deja de extrañar en atención a su profesión, policía local" si no fuese por su interés personal en el asunto".

GRAE PROBLEMA SOCIAL

Para la FCBN, que denunció el caso sentenciado, el fallo conocido hoy, contra el que cabe recurso ante al Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, reconoce "un grave problema social, de vital importancia para el medio natural, como es el uso ilegal de veneno, que en la última década ha causado la muerte de numerosos ejemplares de especies protegidas".

Sólo en Baleares, según datos de la FCBN, entre 1992 y 2001 han muerto más de 60 ejemplares de especies en peligro de extinción la mayoría buitres negros y milanas, por el uso de cebos envenenados.

"El incremento del uso ilegal de veneno para el control de depredadores se ha convertido en una de las principales amenazas para la conservación de especies protegidas en toda Europa y en España, en particular, vinculado a la actividad cinegética", sostiene la FCBN.