Imbroda dijo a Servimedia que ésta es una reforma "que estaba pidiendo la sociedad en su conjunto, hacía falta y resulta una medida muy oportuna que el país va a aplaudir".

El jefe del Ejecutivo melillense mostró su confianza en que estos cambios legales sirvan para evitar "tanta muerte inútil en las pateras" y permian actuar contra "tanto canalla que anda ahí lucrándose" con este tráfico de personas.

Respecto a la utilidad que tendrá este incremento de las penas en la lucha contra la inmigración ilegal, Imbroda dijo que hay que esperar a que los cambios se apliquen, aunque destacó que como no mejora la situación es no haciendo nada. "Como no se es eficaz es no moviéndose", remarcó.

Al mismo tiempo, sobre si hubiese sido necesario aumentar aún más las penas para los que comercian con inmigrantes, manifestó qe le parece "prudente" la propuesta del Gobierno (entre 3 y 8 años de cárcel por tráfico ilegal de personas, y hasta 10 años si el objetivo es la explotación sexual).

Opinó que, de momento, este endurecimiento de las sanciones puede "ser suficiente", aunque añadió que "la práctica demostrará si nos hemos quedado cortos o habrá que aumentar aún más las penas".