Las organizaciones que piden el cierre de esas instalaciones son Médicos Sin Fronteras, Human Rights Watch, ATIME, CEAR y SOS Racismo.

Joan Ignaci Soler, de Médicos Sin Fronteras, denunció que los inmigrantes acogidos en Fuerteventura están en unas condiciones deplorables. Según explicó, estas personas no tienen espacio para pasear, no puede recibir visitas de familiares, no cuentan con agua caliente ni ventilación y se encuentran hacinadas, lo que facilita el riesgo de contagio de enfermedades cutáneas, parasitarias y respiratorias.

Por su parte, Mauricio Valentín, de CEAR, denunció que a los inmigrantes irregulares se les niega el derecho a solicitar asilo y que sólo lo pueden hacer una vez trasladados a Gran Canaria.

Begoña Sánchez, de SOS Racismo, comentó que los inmigrantes acogidos en Fuerteventura ven negado su derecho a la ttela judicial gratuita, no pueden revocar las órdenes de expulsión y no reciben información alguna sobre sus derechos en España.

Soler recalcó que remitirán esta petición de cierre de la antigua terminal del aeropuerto de Fuerteventura al Defensor del Pueblo, a la Delegación del Gobierno en Canarias, a la Fiscalía General del Estado, al Colegio de Abogados de Las Palmas, al Consejo General de la Abogacía, al Ministerio del Interior y a la Secretaría de Estado de Extranjería.